Más sinsabores que satisfacciones

El primer año de la administración encabezada por Gustavo Petro y que hoy clausura con su grave escándalo por el presunto ingreso de dineros ilícitos a su campaña, deja un balance deficitario en materia de resultados sobre las expectativas generadas en la población un tanto superior al 50% de votantes animados por deseos de cambio que hasta hoy no se visualizan. 

Como colombiano que anhela el bienestar para todos, lamento esta realidad. La inestabilidad administrativa es un factor perjudicial para cualquier organización por el desgaste que ello representa y peor en el caso del actual presidente que ha cambiado alta proporción de su gabinete ministerial y aún no logra ajustar un equipo sólido debidamente encajado a su administración, sobre todo a los requerimientos del País, cuando aún persiste la necesidad de nuevos revolcones. El presidente debió hacer fuerte “jalón de orejas” a sus inmediatos colaboradores, ante la pobre ejecución presupuestal, no obstante que cuenta con los recursos necesarios y en la mayor cuantía proporcional de los últimos tiempos para desarrollar los programas incluidos en su plan de desarrollo. Todo unido al tema de corrupción que se comprometió a combatir, pero en lo cual está involucrado el entorno de la familia presidencial y su más cercano círculo de colaboradores, sus relaciones con siniestros personajes, dineros de dudosa procedencia y posibles procedimientos ilícitos, dejan un balance altamente deficitario en este primer año de gobierno Petro. En asuntos de seguridad, la situación se torna cada vez más preocupante en las diferentes modalidades de delincuencia, atracos, extorsiones, robos, desplazamientos forzados, secuestros frente a lo cual plantea estrategias absurdas buscando más beneficios que castigos para combatir la delincuencia y limitando el accionar de la fuerza pública para hacerle frente, lo que tiene desbordada la inseguridad en los campos, en las ciudades, en las carreteras. Eso de ofrecerles dinero para que no roben, no maten, no delincan o designarlos gestores de paz, parece increíble. Y si a esto se suman las trabas de la justicia que deben afrontar los jueces para legalizar capturas de delincuentes que les presentan después de riesgosos procedimientos de la policía, la situación se torna aún más preocupante. Pregunto ¿Por qué el gobierno no se ha preocupado por presentar al Congreso una reforma a la justicia que les brinde efectivamente las debidas garantías a las víctimas con celeridad y efectividad, antes que otorgarles más a los que delinquen? Así, tales individuos se burlan de la autoridad, pues saben que más pronto que tarde regresan a las calles a continuar con sus fechorías. Por algo comunidades víctimas, buscan sus propios mecanismos de defensa, con las consecuencias legales que ello les acarrea, pero evaluando el riesgo que corren sus vidas y sus bienes si no lo enfrentan. 

La insistencia de Petro para que el pueblo salga a las calles a exigir que se le aprueben sus reformas y ahora frente a su nueva situación jurídica sugiriendo que solo el mismo pueblo lo puede apartar del poder, parece una manifestación contradictoria más y de desafío a la justicia con la posición que asumiría en caso de que se demuestren los méritos suficientes para sentenciarlo, pese a que por otro lado dice respetar la institucionalidad y la ley. 

 Alentadores por lo menos las cifras sobre empleo presentadas por el Dane y el índice de inflación, aunque la población se sigue quejando de los altos precios con fuerte incidencia de la gasolina que sigue imparable por cuenta del mismo gobierno. ¿Es el cambio que querían sus electores?