Para reforzar sus mecanismos de presión, como lo ha acostumbrado, el presidente Petro está acudiendo a las bases populares, al percatarse que el respaldo de sus aliados tradicionales en los órganos políticos y legislativos, incluso dentro de su propio equipo de gobierno comienza a resquebrajarse.
Dentro del texto de la reforma total al sistema de salud ha quedado evidente su intención de acabar con las EPS, a pesar de haber asegurado en los días precedentes que no lo haría y también ratifica su intención de regresar al sistema de hace 30 años cuando estuvo concentrada la salud en el gobierno con el ISS que tantos dolores de cabeza, corrupción y burocratización ocasionó, tal como lo reconoce quien fuera su directora y ahora ministra de Agricultura, Cecilia López Montaño. Ella y otros dos ministros como el actual de Educación, anterior ministro de Salud, Alejandro Gaviria y el de Hacienda José Antonio Ocampo, habían presentado al presidente sus observaciones y sugerido modificaciones al proyecto de reforma, que finalmente no fueron tenidas en cuenta. Incluso ni el ministerio de Hacienda ha sido tenido en cuenta para los efectos relacionados con los nuevos compromisos financieros que arrojaría para el país el nuevo modelo y que, según los expertos, son altamente onerosos, sin tener certeza de dónde saldrán. Con todo eso, no deja uno de recordar el cruel episodio protagonizado por el ahora presidente en su calidad de alcalde de Bogotá, cuando decidió acabar con la empresa que entonces manejaba el servicio de recolección de basuras, generando tremendo caos en toda la capital. Dios quiera que ahora no nos vaya a suceder algo similar con la salud. Tampoco que el chantaje que ahora insinúa de desórdenes populares si no se le aprueban sus reformas, vaya a degenerar en lo peor para nuestra Nación. Petro no puede olvidar que fue elegido por el voto de cerca de 11 millones y que gobierna un país de cerca de 50 millones y por tanto todo lo que proponga no lo puede dar ya por aprobado por esa mayoría simple que lo eligió, muchos de los cuales ahora muy seguramente no lo harían. Por algo esta tan baja su popularidad en encuestas (solo 36 % de aprobación, según Datexco)
Además, eso de pretender que la opinión se forme ideas acomodadas sobre delitos claramente reprochables protagonizados por elementos al margen de la ley en contra de la ciudadanía, de su integridad física, de sus bienes particulares y de los bienes colectivos para hacerlos ver como normales e incluso acordes con sus derechos es una clara tergiversación de la realidad, un irrespeto a la inteligencia y una clara burla a las gentes de bien. No salieron a protestar, salieron a destruir y vandalizar. Esto está claro.
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