Sin transparencia la doble Calzada

Medios de comunicación vinculados con la región del Valle del Cauca y Quindío y miembros de las veedurías ciudadanas, que tienen especial interés sobre el trayecto carreteable que une el Pacífico colombiano con el interior del país, vienen exteriorizando su preocupación por la forma soterrada, silenciosa y sin la transparencia debida, como ha avanzado el proceso de adjudicación del contrato de concesión mediante asociación público privada de la doble calzada La Paila – Calarcá , por parte de la ANI, a la firma Odinsa, mediante su razón social adyacente, actual concesionaria de Autopistas del Café.

El hecho genera mayor inquietud por los graves antecedentes que se han registrado en desarrollo de estas etapas previas, muchas de las cuales han sido expuestas en este espacio, pero a las cuales poca o ninguna atención les han prestado los organismos nacionales y regionales de control que debieran hacerlo, dentro de sus funciones constitucionales. Entre tales precedentes, están los incumplimientos en los que ha incurrido esa firma en la construcción de autopistas del café y que en su momento fueron denunciados por el actual gobernador de Caldas, Luis Carlos Velásquez Cardona, quien la calificó como “una obra con sabor amargo”, por todos los tropiezos que ha registrado y que han generado enormes perjuicios a los tres departamentos del Eje Cafetero, tal como lo expuse en mi columna del 12 de diciembre del año pasado. Y muy grave, la forma irregular como fue desplazado, presuntamente sin razones justificadas, la firma que en su momento contaba con la prioridad por haber sido la primera que presentó la propuesta hace ya 4 años y que desde un principio fue admitida por la ANI en sus etapa previas de prefactibilidad, requiriéndole una serie de informes, documentos, análisis y estudios adicionales para avanzar en el proceso, incurriendo en altos costos, para que al final, con base en supuestos argumentos contradictorios, al parecer sin ninguna base convincente y mediante dudosos procedimientos y triquiñuelas, la entidad estatal procediera a protocolizar lo que el proponente Vías del Bicentenario ha calificado como un claro raponazo, contando según su representante legal, con el auspicio de la entonces ministra de Transporte Ángela María Orozco, de la anterior vicepresidenta  Martha Lucía Ramírez y demás instancias relacionadas con el tema. Bien se sabe que Odinsa pertenece a uno de los grupos económicos más poderosos del país, como es Argos, de donde se pueden sacar las conclusiones correspondientes.

Frente a lo acontecido, surgen inquietudes de índole diversa: Primero, la continuidad del vía crucis que este proyecto ha debido afrontar con más años de retraso, tanto por el tiempo adicional que requerirá el proceso adicional faltante hasta la firma del contrato, el acta de iniciación de obra, los tropiezos previos y posteriores a los que nos tienen acostumbrados los señores de Odinsa, más el incremento sustancial en los costos, entre otros. Segundo, los riesgos de demanda que aún subsisten contra la nación por parte del proponente desplazado por presunta razón injusta y que le podría representar gruesas sumas de dinero, frente a lo cual no ha procedido, pero que no ha descartado y que podría retomar frente a propuesta que ha recibido de firmas de abogados interesados en hacerlo mediante el sistema de pago cuota litis. Obvio que, si lo hacen, es por el alto porcentaje de posibilidad de éxito que tendría por todo lo acá expuesto.