Nuevos vientos de impunidad

La impunidad frente a delitos evidentes cometidos en contra de la sociedad nunca debe constituir estrategia  en la búsqueda de soluciones a los múltiples problemas que la aquejan, concretamente en el tema de la seguridad ciudadana, con el serio peligro de alcanzar objetivos contrarios a los que presuntamente se persiguen.

Ya el presidente Petro, desde su campaña electoral, había exteriorizado tales intenciones, cuando  los medios de comunicación daban cuenta de sus incursiones en establecimientos   carcelarios para plantear a través de terceros la posibilidad de aplicar esta figura a reconocidos personajes judicializados  por sus fraudes en contra de la administración pública, como en el tristemente recordado caso de la contratación en Bogotá liderada por los hermanos Moreno Rojas. Luego, recién elegido, el hoy gobernante ha venido insistiendo a través de sus aliados en el Congreso, en la liberación, mediante ley de la República, de jóvenes detenidos por los graves daños a los bienes de la nación y de empresas privadas, por los atentados a la integridad física de civiles y miembros de la fuerza pública en las protestas que otros ciudadanos de bien pretendían hacer de forma pacífica en el uso legítimo de su derecho constitucional, pero que ellos infiltraron para convertirla en actos de terrorismo y vandalismo, dejando por el piso las buenas y nobles intenciones originales de tales manifestaciones. Igualmente ha buscado que ninguna acción en desarrollo de estas movilizaciones, sea considerada acto delictivo,  vandalismo o terrorismo

Como    ciudadano de bien, uno se hace preguntas acerca de la intención que ahora tiene como presidente en ejercicio, al buscar los mecanismos presuntamente legales,  no solo para liberarlos, sino para exonerarlos de su responsabilidad en los graves daños ocasionados y otorgarles indulto o amnistía por sus actuaciones. Y eso de pretender convertirlos en gestores de convivencia sí que suena sospechoso, recordando los famosos comandos civiles de Venezuela. Dios nos ampare. 

De acuerdo con lo expuesto, ¿quedaría entonces legalizado hacia el futuro todo acto similar que se cometa amparado en la protesta legitima, incluyendo ataques a la integridad física de las personas, incendio de vehículos, destrucción de infraestructura, estaciones de transporte público, edificaciones, saqueo de establecimientos comerciales, asesinato de personas, entre otros tantos hechos en desarrollo de tales acciones violentas?.  Es que no se puede confundir protesta pacífica con vandalismo y es lo que nunca han querido admitir quienes los defienden, incluyendo la clase política que hoy nos gobierna. 

De  otra parte, ¿quién va a cubrir los billonarios costos que de allí se desprendan?, ¿nosotros mismos los contribuyentes que ninguna participación ni responsabilidad tenemos frente a ello, con los dineros del Estado? 

Grave lo que está pretendiendo hacer el gobierno Petro con estos casos y por tal razón, como ciudadanos, tenemos derecho a que se nos resuelvan estas inquietudes. Lo sucedido esta semana con las protestas y enfrentamientos de los indígenas en Bogotá, con fuertes ataques a la fuerza pública y la continuidad del vandalismo en tales manifestaciones, pueden representar consecuencias de la forma como el gobierno pretende continuar manejando estas situaciones.

Mientras se busca ingenuamente promover diálogo para buscar soluciones que no se darán en tales condiciones, los vándalos van actuando con violencia y destrucción, atacando civiles, funcionarios y policías. Y como la intención del gobierno es que esto no sea considerado delito, con mayor tranquilidad lo harán al saber que no serán judicializados. ¿Hasta dónde vamos a llegar en tales condiciones? ¿Quién podrá defendernos?