La poderosa andanada mediática de la derecha empresarial de nuestro país contra el gobierno de Gustavo Petro, su sevicia corporativa en redes y en la gran prensa bogotana, ha ocultado una idea del presidente de la República expresada en el Cauca, en un encuentro con indígenas.
Habló del enemigo interno. Luego desbrozó su discurso contando que existen fuerzas dentro del Estado que, como vacas muertas en el camino, se oponen al cambio. Era previsible que así ocurriera: nadie vacaciona cuando de privilegios se trata.
Estimo que la fronda de requisitos, documentos y condiciones que el Estado impone a los gestores culturales, por ejemplo, es un atentado contra la iniciativa ciudadana. Un proyecto cultural, nuevo o repetido, más que ser examinado en su esencia e impacto social termina siendo excluido de convocatorias públicas por una fotocopia, una fecha, un faltante insulso en el mar de requerimientos. Piden documentos en las oficinas públicas como si el artista o el gestor fuera un enemigo externo.
Buena parte de la incredulidad del ciudadano común frente al Estado se deriva de la tramitomanía, que comporta un pensamiento político de base. Un convenio simple de asociación o un proyecto aprobado en una bolsa pública dura meses en ser resuelto.
Ahora inauguraron una modalidad más perversa para los gestores culturales: deben ejecutar los proyectos sin anticipo por parte del Estado, lo que no ocurre en otras contrataciones oficiales. Los artistas y gestores, en la práctica, están prestando dinero al gobierno para cumplir una de sus misiones. Es una locura burocrática, que, por nuestra sumisión o precariedad, volvimos natural.
En un país de abogados y leguleyos por doquier, su pequeño reino es una cláusula o, por razón de una interpretación caprichosa, la devolución de un contrato o de un convenio. Parecen, parecemos, mendigos frente al poder inclemente, unilateral, de un burócrata.
Termina el ciudadano de a pie perdiendo la fe en las instituciones. Algunos ofendidos desisten frente a la rama judicial, para citar otro caso, cuando demandan una respuesta. Los niveles de impunidad, en buena parte, se incrementan por la maraña de procedimientos, de auxiliares de justicia inoficiosos o por el horizonte oscuro de una gaveta hospitalaria.
El Estado fue configurado como enemigo del ciudadano. Parapetados tras la burocracia, los legisladores y los funcionarios minaron el camino hacia los derechos. No se pueden ejercer: están conculcados por el fetiche legal, término acuñado por Julieta Lemaitre Ripoll en su libro “El derecho como conjuro. Fetichismo legal, violencia y movimientos sociales”.
En la novela El Castillo de Franz Kafka, publicada inconclusa después de la muerte de su autor, K, el personaje intenta concretar una cita con un funcionario para iniciar su tarea de agrimensor en los terrenos de un condado. Nunca puede. Al final el poder burocrático, telaraña de impedimentos en El Castillo, hace de la vida de K un proceso desquiciado.
El sociólogo Max Weber dijo de la burocracia desmedida como un absurdo en la existencia de los individuos: ese es el enemigo interno.
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