El dilema de la informalidad

El gran dilema que enfrenta la economía de nuestro país y al cual los gobiernos de turno no le han puesto la suficiente atención es el de la alta informalidad de su sistema productivo, por los desequilibrios que genera dentro de la población por la correspondiente dificultad financiera que le representa cumplir estrictamente con las normas laborales, tributarias y demás sin el riesgo de desaparecer.

En el mundo laboral y dentro de la legislación vigente se tienen establecidas normas que obligan tanto a las empresas como a los trabajadores, disponer de reservas que les permitan a estos asegurar recursos a futuro, como vacaciones, temporadas especiales de mitad y fin de año, con las primas, cesantías para el momento de retiro del trabajador y el pensional para su sostenimiento en la vejez o enfermedad profesional. Lamentablemente  por la alta informalidad, estimada en el 80 %, bajo la cual opera nuestro sistema productivo, dadas  las grandes limitaciones financieras de las micro y muchas pequeñas empresas, urbanas y del sector agrario, es muy alta la proporción de personas vinculadas laboralmente a ellas, que no cuentan con esos recursos y, por ende, deben someterse a vivir del día a día, sin posibilidades de reservas para atender situaciones emergentes, inmediatas o futuras. Para muchas de tales unidades empresariales es compleja la situación: exigirles el cumplimiento de sus cargas laborales y someterlas prácticamente a su desaparición del mercado con la correspondiente eliminación de las plazas de trabajo que sostienen aun en la informalidad y la ilegalidad laboral, o simplemente tolerar la situación. Una tercera opción debería ser analizada por el gobierno, de generar las condiciones adecuadas con miras a su formalización, brindándoles las facilidades de sostenimiento en un tiempo determinado, ayudándoles a abrir nuevos mercados que le son altamente limitados por razón de la  informalidad, lo cual para el gobierno representaría  oportunidad de generar nuevas fuentes tributarias hacia el futuro y, a su vez, de acceso de más personas al sistema pensional, que hoy están por fuera por la misma causa. Pueden ser más saludables y sanas estas ayudas para un sector que produce riqueza y genera trabajo así sea informal, que repartir bicocas para supuestamente combatir la delincuencia a sabiendas que para quienes la ejercen nunca van a ser suficientes.

Sigue entonces el presente gobierno enfrentando el reto heredado de los anteriores, de ampliar en la debida proporción la posibilidad de acceso de la población a mejores condiciones para su futuro, lo cual es claro reconocer no es para nada sencillo, pues debe hacerlo con las debidas previsiones para evitar un descalabro en tan alta proporción del sector productivo, incluido el agro que bien se sabe, enfrenta también serias dificultades por falta de infraestructura adecuada para sacar sus productos de las fincas, ausencia de suficiente mano de obra ante el fenómeno del despoblamiento cuando muchos prefieren la vida citadina, más los altos costos de los insumos muchos de ellos importados y afectados por la alta tasa cambiaria. No se trata solo de imponer nuevas cargas por igual a todos, grandes, medianos, pequeños, micros, sino también de hacerlo en la medida de sus capacidades de generación de ingresos, de mano de obra y hacerles acompañamiento con recursos financieros de bajo costo  exoneración tributaria a quienes hoy no están en capacidad de asumirlos todos sin el riesgo de desaparecer del mercado.

Puede ser cierto como lo plantean economistas y empresarios de trayectoria: La empresa que no esté en posibilidades de asumir todos los costos laborales, tributarios y demás de ley, difícil que puedan subsistir. Pero en tales condiciones lo tendrían que hacer muchas que conforman ese 80% del sector productivo del País, con el agudizamiento de la problemática social que implicaría. El problema es grande, pero deben buscarse soluciones.