17 estudiantes denuncian a profesor de colegio de Armenia por acoso sexual

El pasado 26 de agosto, estudiantes de la institución educativa Gustavo Matamoros D’Costa, de Armenia radicaron ante Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo y la secretaría de Educación de Armenia una denuncia contra el docente Andrés Ramírez Pava por supuestos actos de acoso sexual. Las denunciantes –menores de edad en los momentos de los hechos– señalan que pasado un poco más de un mes las autoridades correspondientes no se han pronunciado ni tomado cartas en el asunto.

En compañía de su abogada, una de las supuestas víctimas, estudiante de grado 11 y vocera de las denunciantes -quien pidió reservar su identidad- le contó a este medio lo sucedido: “En los casos que recibimos, hay quejas desde el 2019, que fue cuando el profesor llegó al colegio. Todo estalló este año. Hubo una carteleada a principios de agosto. Las estudiantes nos pronunciamos en contra del machismo, del acoso y de las violencias contra la mujer. Entonces, el profesor Andrés Ramírez Pava quitó los carteles muy molesto y hubo varias discusiones por eso. Él se puso en evidencia solo, porque nunca habíamos mencionado su nombre. Una semana después empezaron a llegarme los relatos de las niñas y cuando menos pensé, ya tenía 17 historias de acoso. Yo recopilé sus testimonios. Algunos los escribieron ellas mismas y otros los transcribí. El 25 de agosto radiqué la denuncia en el colegio y al día siguiente ante las autoridades”.

La vocera relató que han recibido comentarios violentos por parte de otros compañeros. “Hay una sensación de amenaza y temor tras la denuncia. Desde secretaría no se habían pronunciado hasta después del escrache que hicimos por redes sociales evidenciando lo que pasaba. La secretaria de Educación de Armenia me contactó, me explicó que no era su competencia destituir al docente y me pidió que borráramos la publicación que hicimos porque estábamos afectando el nombre del profesor. Yo me negué”.

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La menor también enfatizó: “No hemos tenido acompañamiento sicosocial. Solamente algunos profesores y compañeros nos han apoyado. La orientadora, que es quien debe activar la ruta, no lo hizo”.

Con relación a los hechos, la abogada asesora del caso señaló: “Hay que escuchar los relatos para uno estremecerse. La primera vez que fui a un círculo de la palabra –uno de los espacios del colectivo Anatema– de verdad empecé a sentir náuseas por lo que escuchaba de las chicas. Es impresionante el nivel de persecución y obsesión al que llegó con las estudiantes. Él ha dicho que realmente lo que busca es subirles la autoestima, que los piropos y lo que les dice son con esa intención. La conducta que se le atribuye es por acoso sexual, son muchas las conductas verbales y físicas, son faltas y un delito lo que se configura a través de esas conductas”.

La denuncia presentada, según la profesional en derecho, se da por actos como: “Invitaciones a lugares que no son para menores, ofrecimientos de dinero a cambio de actos sexuales, diversos tipos de caricias a las estudiantes –situaciones que ocurrían dentro de las aulas de clase–, petición de fotos de las niñas, palabras y frases insinuantes”.
 

Añadió que viene acompañando el proceso desde hace poco más de un mes. “Seguimos a la espera de las respuestas a las denuncias. Intento mostrarles a las chicas sus derechos y decirles que este reclamo que ellas hacen es justo y tiene un respaldo legal. Hay obligación de dar respuesta a cualquier petición o queja dentro de los 15 días hábiles siguientes. En este caso ya se superó el término. Lo que diagnostico es que existe una omisión por parte de las autoridades competentes, hay negligencia y silencio cómplice en la medida en la que no hay una acción directa”.

Desde esta casa periodística se consultó a la secretaría de Educación de Armenia, en cuya representación habló Mónica Soto Rivas, líder de inspección y vigilancia de la secretaría, quien opinó sobre la denuncia: “Cuando se identifica un caso de presunto acoso, el debido proceso de la secretaría de Educación es inmediatamente hacer traslado al departamento administrativo de control interno y disciplinario de la alcaldía de Armenia. En este caso, hicimos el traslado de la queja el 5 de septiembre, elevando un derecho de petición por competencia de las chicas en mención para que iniciaran el proceso”.

Y agregó: “De hecho, el 29 de septiembre ya nos llegó otra situación: el docente fue amenazado por unas personas, al parecer familiares de las chicas, entonces el docente vino a pedir respaldo mediante la figura de atención a víctimas por intimidación y se le dio también la ruta. A la chica se le dio respuesta vía correo electrónico y se citó aquí. La chica no quiso venir, acusó a un funcionario de gritarla y él nunca se había visto con ella, entonces ha habido una situación de interpretación y juzgamiento a uno de los lados y la secretaría solamente ha brindado las herramientas jurídicas y legales que nos dan para este tipo de actuaciones. Eso es lo que hemos hecho. Ya la denuncia está en el departamento y el docente que se siente ya acosado activó la ruta”.
 

Por la defensa de los derechos

Desde hace 4 años, el colectivo Anatema trabaja en el interior de la institución educativa Gustavo Matamoros D’Costa con el objetivo de defender los derechos de las diversidades sexuales y de género. La vocera de las presuntas víctimas es integrante del colectivo, razón por la que expresan que el grupo ha sido estigmatizado en la institución.

Si bien, desde Anatema respaldan la denuncia que hace una de sus integrantes y las acompañan escuchando sus historias, las denuncias no las hace el colectivo. Uno de los docentes de la institución y líder del proyecto, manifestó preocupación porque “algunos docentes han sido señalados y no hay garantías para ejercer esta propuesta de acción pedagógica. Pasamos de ser líderes con temas de defensa de derechos humanos, a ser señalados y denigrados en nuestro trabajo”.

Otras docentes, conocedoras de la situación que se presenta manifestaron sus preocupaciones. Liliana Gómez Arévalo, docente del Rufino José Cuervo Centro, hizo un llamado a las instituciones para que operen las rutas de atención. “Nosotros como servidores públicos tenemos la obligación de que en el momento en el que conozcamos sobre alguna situación anómala con un estudiante, debemos generar un reporte que va directamente a los orientadores del colegio, quienes se encargan de activar las respectivas rutas”.

En ese sentido, añadió: “Entiendo que en la situación que se presenta en la Gustavo Matamoros ha habido una serie de negligencias. Las instituciones no han hecho un caso pertinente a la denuncia, no han indagado ni retirado al docente de su cargo mientras se hace la investigación. Esto ha causado que otras situaciones se agudicen y se ponga en riesgo a estudiantes y docentes. Así se nos demuestra que la ruta no funciona, las instituciones no son operantes y es necesario que esa ruta se revise”.
 

Recreación. Profesores opinaron sobre el funcionamiento de la ruta de atención.

Gómez Arévalo culminó tras señalar: “Yo conozco el trabajo que se hace en Anatema, el ejercicio de sensibilización y búsqueda de la posibilidad de escenarios de escucha y diálogo. Yo acompañé a Anatema con la construcción de una cartilla de género y por eso me enteré de esta denuncia, situación que como docentes no podemos hacernos a un lado. Es muy importante que tomemos una posición, es algo que se ha normalizado en nuestro gremio”.

De igual manera, Angélica Rodríguez Garay, licenciada en pedagogía infantil e integrante de la Red de Género del Quindío, manifestó que las entidades “no han sido operantes, no las han escuchado. Tomaron las denuncias, pero no se ha hecho un proceso correcto. Desde la red nos preocupan las chicas porque el docente denunciado ha manifestado algunas amenazas indirectas”.

LA CRÓNICA intentó establecer contacto con el docente Andrés Ramírez Pava, el supuesto agresor, sin embargo, este se negó a pronunciarse sobre los hechos sin su abogado. Hasta antes de la publicación de esta nota, no fue posible que concediera una entrevista.

Por su parte, desde la Defensoría del Pueblo del Quindío, Juan Camilo Mesa Velásquez, dijo estar haciendo el acompañamiento adecuado al caso, pero se negó a aportar más información.

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Rutas de atención

En el comunicado del 3 de marzo de 2022, sobre los casos de abuso sexual y violencias de género en las instituciones educativas, el ministerio de Educación dice: “Con base en la información reportada por 81 entidades territoriales certificadas sobre casos de presunto abuso asociadas a entornos escolares para el periodo enero de 2018 hasta febrero de 2022 se tienen 876 casos, de los cuales 65 han sido sancionados, 127 han sido archivados y 684 están en investigación”.

También resaltaron que mediante la ley 1620 de 2013: Ley Nacional de Convivencia Escolar y Prevención y Fortalecimiento de Derechos Sexuales y Reproductivos se inició la estrategia para crear comités territoriales de convivencia para establecer rutas y mecanismos de alertas tempranas frente a conductas que vulneran los derechos de niños, niñas y adolescentes.

La ley en mención tiene por objeto la formación de ciudadanos para la construcción de una sociedad democrática, participativa, pluralista e intercultural, esto “mediante la creación del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, que promueva y fortalezca la formación ciudadana y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes, de los niveles educativos de preescolar, básica y media y prevenga y mitigue la violencia escolar y el embarazo en la adolescencia”. 

La ruta de atención para cualquier situación que se presente al interior de la institución educativa debe darse a través del Comité de Convivencia Escolar. El conducto regular que activa la ruta e involucra a la comisaría de familia, la secretaría de Educación e instrucción, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el área sicosocial y control y vigilancia, entre otras entidades.

En el marco de lo dicho, Mónica Soto Rivas, líder de inspección y vigilancia de la secretaría de Educación de Armenia, explicó: “Amparados en la última directiva de ministerio de Educación de mayo de 2022, en la que se habla que la secretaría cuando identifica esos presuntos casos inmediatamente debe hacer remisiones del caso, porque no somos la competencia, lo que tenemos que hacer son estrategias de prevención de posibles riesgos y de promoción de factores protectores –eso lo hace cada institución educativa, direccionado por el comité escolar de convivencia–. Es por lo que cuando se presenten hechos de ese tipo, el rector debe reportar inmediatamente la situación, como funcionarios públicos el deber ser en el proceso administrativo es hacer el reporte”.

Y agregó: “La ley facultó a cada institución educativa a conformar el comité escolar de convivencia, entonces cada comité debe hacer estrategias de prevención con niños en primaria y secundaria. Es un proyecto pedagógico transversal que se trabaja en cada plantel educativo”.