25 personas deben ser desalojadas del Buenos Aires Bajo por riesgo de deslizamiento

Desde la dirección del departamento Administrativo Jurídico de Armenia se informó que la sede de Inspección ya definió fecha para proceder con el desalojo de 12 familias del barrio Buenos Aires Bajo, debido al riesgo en el que se encuentran 13 viviendas por amenaza de deslizamiento en terreno, la inestabilidad que presenta la ladera, situaciones que pueden ocasionar colapsos estructurales y riesgos para la integridad física de sus habitantes.

Los precedentes de la situación se remiten al año 2013, momento en el que Fernando Romero Ramírez (q.e.p.d), entonces habitante del sector, interpuso una acción popular debido al riesgo inminente de deslizamiento de una de las casas de la zona. Posteriormente, 2 años más tarde, el Juzgado Cuarto Administrativo de Armenia ordenó, con la sentencia 177, al municipio de Armenia la reubicación temporal o definitiva de la comunidad —no solo de una, sino de las 13 viviendas— del barrio Buenos Aires Bajo, que se encontraban en zona de alto riesgo y protección ambiental. Para lo anterior, determinó que el municipio tendría que llevar a cabo un estudio en el que se caracterizaran y determinaran lineamientos y prioridades en el proceso.

El tiempo que se otorgó para adelantar las acciones anteriormente mencionadas fue de los 2 meses siguientes, para dar solución temporal o definitiva de reubicación. Sin embargo, ni en 2016, ni en 2017 ni en 2018 se materializó la orden. 

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“Se hicieron estudios, mesas de trabajo, caracterizaciones y muchas otras acciones, pero finalmente frente a la declaración del juez no se hizo nada”, aclaró Lina María Meza Moncada, directora del departamento administrativo Jurídico de Armenia.

Para el 2019, hicieron unos avalúos con el fin de pagar a las personas del sector las mejoras de las viviendas para que pudieran salir de allí. “Sin embargo, a 31 de diciembre de 2019, consultado el rubro de sentencias y conciliaciones para atender esos compromisos, ni se giró ni quedó el dinero”. 

Durante el 2020, hubo una suspensión temporal de todos los procesos debido a la situación de pandemia y ya para el 2021, desde la secretaría jurídica recapitularon las acciones realizadas.

“Como ellos están ubicados en zonas de protección ambiental pedimos a planeación municipal información en la que advertimos que varios de los ciudadanos estaban invadiendo terrenos privados y vacante catastral. Por ese motivo, decidimos que no era pertinente pagar avalúos e iniciamos con socializaciones con la comunidad”, explicó la funcionaria.

A través de la secretaría de Desarrollo Social y la Oficina Municipal para la Gestión del Riesgo y Desastre, Omgerd, se actualizó la caracterización de los habitantes y se solicitaron planos para determinar las zonas de alto riesgo. El 11 de marzo de este año, la Omgerd entregó un informe técnico con los resultados de una visita realizada al sector en el que se identificaron los riesgos desde lo geológico y estructural.
 

No  se hizo pública la fecha exacta del desalojo dado que esta es de  tratamiento interno.

Durante la visita técnica, “se identificaron varias viviendas en alto riesgo por deslizamiento, debido a su ubicación en laderas empinadas, casas construidas en suelos sueltos y deleznables, taludes con cicatrices de antiguos deslizamientos y que han dejado las viviendas con vulnerabilidad física y a sus habitantes expuestos”, dice el documento y agrega: “Sector urbano construido sobre terrenos de fuerte pendiente, la mayoría de sus viviendas están sobre llenos o depósitos de escombros y residuos sólidos, viviendas de 1 y 2 pisos, la mayoría construidas en material liviano y muchas de ellas han sufrido efectos de las temporadas de lluvias, como es el caso de las casas número 132 hasta la casa número 123 donde habitan esencialmente personas de la tercera edad”. 

Frente a lo anterior, la Omgerd sugirió iniciar actividades de mitigación del riesgo posterior a la reubicación de las familias y, además, enfatizó en que, como estaba iniciando la primera temporada de lluvias del año, se debían acelerar procesos.

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A partir de tal informe, desde la Jurídica continuaron con la socialización de este con el objetivo de “concertar con las familias afectadas para que accedieran a salir de la zona para no optar por un desalojo. Intentamos también con Invías, revisar si en el tiraje de la calzada intervenían el sector y podrían priorizar a estas familias, pero en junio de este año nos dijeron que la doble calzada iba por la izquierda y no tocaba el barranco, de manera que definitivamente no tenían competencia en el tema”, indicó la directora. 

Decidieron entonces realizar estudios de mercado, cotizaciones en distintos hoteles para la reubicación, cuyo aporte desde la alcaldía correspondía a $1.414.968 por 3 meses —$471.656 por mes—prorrogable a otros 3 meses. 

“El 30 de agosto de 2022 el Juzgado Cuarto emitió un auto que requiere: enviar un oficio para realizar los trámites necesarios para adelantar el procedimiento policivo de desalojo. La juez Zulma Liliana Marín Moreno nos daba esa orden y 5 días para enviar la información. Nosotros comunicamos todo lo que hemos adelantado y el consolidado”.

El 2 de septiembre citamos acá nuevamente a los habitantes de Buenos Aires Bajo y les presentamos la propuesta de reubicación parcial. Uno a uno se les llamó para manifestar su decisión. Esto quedó grabado en video, algunos aceptaron, 1 no aceptó, otros quedaron en consultar con sus familias. No obstante, el sábado 29 de octubre, volvimos y nos dijeron que le comunicáramos al alcalde que no aceptaban la reubicación. No sé qué los motivó a cambiar, pero en vista de que no se pudo llegar a un acuerdo con la comunidad, a través de la Inspección debe cumplirse con el tema del desalojo”, contó Meza Moncada.

Ante las lluvias frecuentes, la Omgerd permanece en monitoreo constante del sector para atender cualquier calamidad.