Alcalde quería pagar favores de campaña con dineros del Estado, según la Fiscalía

En audiencia virtual realizada, la Fiscalía sexta seccional imputó a José Manuel Ríos Morales, alcalde suspendido de Armenia, y a Gabriela Valencia Vásquez, exdirectora del departamento administrativo de Bienes y Suministros, los delitos de interés indebido en la celebración de contratos en concurso heterogéneo con contratos sin cumplimiento de requisitos legales; violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades, y peculado por apropiación en grado de tentativa. 

Según el ente investigador, Ríos Morales habría determinado que Valencia Vásquez celebrara el contrato 002 de 2020 con la Comercializadora y Distribuidora Agroindustriales SAS, pactando la adquisición de elementos para atender la emergencia de la pandemia con sobreprecio y con el único propósito de beneficiar, con una mayor rentabilidad, a uno de los financiadores de la campaña electoral de 2019, que, además, es el compañero sentimental de una mujer que para el momento de los hechos se desempeñaba como subdirectora del Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional, Dafi. 

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Los hechos 

La versión de la Fiscalía da cuenta de que en la mañana del 20 marzo de este año, la entonces directora del departamento administrativo de Bienes y Suministros del municipio de Armenia solicitó a la Comercializadora y Distribuidora Agroindustriales SAS el suministro de 120 cajas de tapabocas y 630 cajas de guantes, y lo hizo sin verificar que la empresa fuera idónea para el suministro de estos bienes y sin conocer los precios del mercado. 

Los testimonios recogidos por el ente investigador advierten que en el transcurso de esa misma mañana el pedido ingresó al almacén de Bienes y Suministros, pese a que solo fueron registrados el 2 de abril en el sistema y a pesar de que la empresa está domiciliada en la ciudad de Cali.  

“La solicitud que la señora realizó sin cumplimiento de requisitos legales, sin determinar si era una empresa idónea o si podía ser contratada para cumplir el objeto y sin ningún tipo de verificación. Todo ello por el interés de la señora Valencia Vásquez de contratar a esta empresa, interés determinado por Ríos Morales,”. 

De acuerdo con la hipótesis del fiscal, en el momento en que hizo la solicitud, Valencia Vásquez ni siquiera estaba amparada por los decretos de urgencia manifiesta o de calamidad pública, ya que estos fueron emitidos con posterioridad. 

“Cuando solicitó estos elementos, la exdirectora ni siquiera tenía claro cuál era la necesidad del municipio, porque solo entre el 27 y el 31 de marzo, las dependencias establecieron cuáles eran sus requerimientos en materia de bioseguridad, máxime cuando la ley, en caso de urgencia manifiesta, ordena crear un plan de acción, el cual solo fue aprobado el 25 de marzo”. 

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 El interés del alcalde  

El fiscal sostuvo que el interés marcado del alcalde Ríos Morales estaba en favorecer a la Comercializadora y Distribuidora Agroindustriales SAS porque uno de los socios, el señor John Freddy Correa Carvajal, le prestó $50.000.000 para financiar su campaña del año pasado, tal y como está registrado en el portal Cuentas Claras del Consejo Nacional Electoral. 

“Encontramos que el señor Correa Carvajal era el encargado de esa empresa, que además era el accionista y era la persona que representaba los intereses de la comercializadora en el contrato 002 de 2020”.  

En su exposición, la Fiscalía sostuvo que la exdirectora infirió para que subalternos y contratistas ‘legalizaran’ las actuaciones, faltando a la verdad al momento de cambiar fechas de documentos públicos y que, con estas modificaciones, justificaban el accionar aparentemente indebido.  

“El 2 de abril de 2020 se suscribió un contrato, entre la exdirectora y la comercializadora, en el que, al parecer, se pretendía formalizar lo que ya se había pedido el 20 de marzo sin cumplimiento de ninguna formalidad legal”. 

 Los sobrecostos 

La fiscalía encontró que la Comercializadora y Distribuidora Agroindustriales le cotizó al municipio los tapabocas N95 a $22.000, cuando a precio de costo le salían a $9.500; mientras que las cajas de 50 tapabocas de 3 pliegues, que a costo le salían a $50.000, las facturó a $95.000.  “La señora Gabriela Valencia Vásquez no tuvo en cuenta los precios del mercado y que, en municipios como Quimbaya la misma caja se compró a $65.000”.  

Determinador y coautora 

Es de resaltar que para el caso del alcalde Ríos Morales, la imputación se dio en calidad de determinador, mientras que para la exdirectora de Bienes se dio en calidad de coautora.  

También se debe tener en cuenta que las penas por los delitos imputados van entre los 5 y los 18 años de prisión, estos acarrean multas entre 66.6 y 300 salarios mínimos legales vigentes, e inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas que oscila entre los 6 y los 18 años.  

 Ni Ríos Morales, ni Valencia Vásquez aceptaron los cargos, por los que deberán enfrentar a la Fiscalía en juicio.

Fiscalía solicitó medida de aseguramiento domiciliaria 

Una vez culminada la audiencia de imputación, la fiscalía realizó la solicitud de medida de aseguramiento domiciliario, debido a que por la contingencia de la COVID-19 no hay posibilidad del ingreso a un establecimiento carcelario. Así mismo, pidió que también se les prohíba comunicarse con personas relacionadas con el proceso. 

Sin embargo, el juez de control de garantías no acató ni rechazó la solicitud porque la audiencia fue suspendida para que las partes pudieran analizar los elementos probatorios aportados por la Fiscalía —más de 20 carpetas en drive: con audios, transcripciones de entrevistas y otros documentos—.   

La diligencia se reanudará el próximo 5 de agosto, cuando se podrá escuchar al ministerio público, a los representantes de las víctimas y a los abogados defensores, tanto del alcalde Ríos Morales como de la exdirectora de Bienes y Suministros.

No se presentó a las audiencias 

El señor Hernando Pérez, representante legal de la Comercializadora y Distribuidora Agroindustriales, no se presentó a las audiencias de imputación y solicitud de medida de aseguramiento, a pesar de que estaba citado para las mismas.