Alcaldía tiene un mes para decir qué puede pasar con la valorización

El próximo 14 de diciembre se realizará la audiencia de pacto de cumplimiento de la acción popular que la Defensoría del Pueblo, regional Quindío, instauró en contra del municipio de Armenia, y la cual busca que la administración municipal presente una solución técnica, jurídica y presupuestal, en el mediano y largo plazo, para la conclusión de las obras por valorización, las cuales quedaron establecidas en el acuerdo 020 de 2014, y por la cuales los habitantes de Armenia han venido pagando por medio de la contribución.

Según el ministerio público, esta etapa del  proceso de la acción popular se encuentra suspendida por solicitud de la alcaldía, pero en la mencionada fecha deberá presentar las propuestas encaminadas a cumplir con la finalización de las 12 obras proyectadas, teniendo en cuenta que, si bien, 3 fueron terminadas, nunca fueron entregadas oficialmente al municipio y las 9 restantes se quedaron en veremos luego de que estallara el escándalo de corrupción, en el que $24.000 millones se destinaron a enriquecer los bolsillos de los corruptos.

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“Debido a la importancia para la ciudadanía y a raíz de las irregularidades ocurridas durante los últimos años en torno a la contribución y el incumplimiento en el avance de las obras pactadas en sectores estratégicos, la Defensoría del Pueblo ha venido realizando seguimiento a dicha situación con el fin de evitar que los derechos colectivos al patrimonio público y moralidad administrativa de la ciudadanía sigan siendo vulnerados”, se informó desde la entidad.

De acuerdo con la Defensoría, en cabeza en el Quindío de Luisa Fernanda León Betancourth, ya se han sostenido reuniones con la alcaldía municipal con el propósito de establecer de manera real —técnica, jurídica y financiera— dicho proceso; con el único propósito de poder tener mayores argumentos, con el fin de estudiar la aceptación o no del pacto de cumplimiento que presentará el próximo mes la administración municipal.

¿Cuáles son las pretensiones?

La Defensoría, además de pretender que se declare la existencia de vulneración de los derechos colectivos al patrimonio público y moralidad administrativa de la ciudadanía de Armenia, quiere que se le ordene al municipio adelantar las actuaciones necesarias para establecer el mecanismo de financiación que sea más apropiado —o  ya sea con recursos propios— y ejecutar las obras restantes, sobre todo aquellas que quedaron iniciadas y en las que se alcanzó a realizar una inversión pública. “Con lo cual se mitigue el detrimento patrimonial que se viene generando en cuanto a las cantidades de obra hoy ejecutadas y no terminadas. Máxime cuando hablamos de estudios de prefactibilidad de las obras que establecen la imperiosa necesidad de realizar estas intervenciones, antes de que el paso del tiempo genere de manera definitiva un detrimento de la inversión ya realizada”, dice la parte argumentativa de la acción popular.

El ministerio público también pretende que se le ordene expedir un nuevo acto administrativo que compile y derogue lo no aplicable del decreto 082 y la resolución 03 de 2015, los cuales se contradicen entre sí frente a la duración de 4 años o 5 años para la realización de las obras programadas con los recursos de valorización, permitiéndole de esta manera realizar las ejecuciones restantes.

Así mismo, solicita la creación de un nuevo comité interdisciplinario de valorización con la participación de veedores ciudadanos, organismos de control y el mismo ministerio público, comité que debe ser presidido exclusivamente por el alcalde. “Un organismo que se reúna de manera periódica y que tenga la capacidad de tomar decisiones con relación a la situación suscitada, con el que se conmine al alcalde a prestar urgente atención y diligencia a este tema, a efectos de aminorar el detrimento patrimonial ocurrido con razón a las obras iniciadas y no terminadas, y de actuar de manera oportuna frente al clamor de la ciudadanía que pagó la contribución y reclama su devolución, frente a la deuda pública adquirida por el municipio y de la que aún no se conoce su estado actual y las consecuencias en cuanto a la administración de los recursos municipales y frente a la necesidad de realizar urgentemente unas obras planeadas en pro del mejoramiento vial de toda la ciudad, que tanta falta hace”.

Finalmente, pide la conformación de un comité de verificación que vele por el efectivo cumplimiento de las órdenes impartidas, según lo dispone el artículo 34 de la ley 472 de 1998.

Es de resaltar que la acción popular no ha sido fallada.

Determinación

Ante esta situación, el alcalde José Manuel Ríos Morales manifestó su voluntad de presentar el plan de cumplimiento en aras de encontrar una salida a esta situación, que se originó mucho antes de que él llegara a la cabeza de la administración. 

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