Cero avances; reconstrucción de 13 colegios ‘perdió el año’

Faltan solo 21 días para que culmine el 2020 y en lo que va del año no se avanzó ni con la puesta de un ladrillo en la reconstrucción y remodelación de 13 instituciones educativas, obras que se le prometieron al Quindío en 2017, se paralizaron en 2019 por incumplimientos del contratista y se reasignaron en esta anualidad.  

Lo más llamativo, según la veeduría ciudadana en Infraestructura Educativa de Armenia y el Quindío, es que sin haber arrancado ya se anuncian sobrecostos.

A pesar de no haber reanudado ninguna obra, los ajustes por parte del contratista Santo Tomás y su interventoría suman alrededor de $230 millones para la primera y $135 millones para la segunda, por cuenta de los estudios que el Fondo para el Financiamiento de la Infraestructura Educativa, FFIE, le avaló a Mota-Engil en su momento y que ahora los nuevos contratistas dicen que tuvieron que revisar”, alertó Luz Stella León Morales secretaria de la veeduría. 

Otro asunto que despierta preocupación en el organismo de vigilancia, es que en la última reunión convocada por la Contraloría, realizada el 1 de diciembre, se plantearon nuevas postergaciones para el reinicio de obras.  

Las nuevas fechas son: el 16 de diciembre para la institución educativa Rufino Sur, pero se debe tener en cuenta que primero hay que demolerla —para lo que tienen entre 45 y 60 días— y luego se cuentan los 13 meses de plazo para la construcción, lo que quiere decir que este colegio sería entregado a la comunidad en 2022, si es que nada nuevo aparece”, agregó León Morales. 

Según el cronograma expuesto en dicha reunión, el 15 de diciembre sería la fecha de inicio para las obras en las instituciones educativas Nacional Jesús María Ocampo, La Patria, Simón Rodríguez, Iti  y Antonia Santos. 

Mientras que San José de Circasia, comenzaría el 5 de enero de 2021; pero el Liceo Quindío de Salento y el Liceo Andino de Filandia se iniciarían el 15 de enero de 2021. 

“Todas las anteriores reuniones sostenidas durante este año, fuimos testigos de los constantes aplazamientos por modificaciones de fecha de inicio de las obras. Primero informaron que iniciaban en junio, luego que en julio, después que en septiembre, en noviembre y ahora que en diciembre. Lo cierto es que durante todo este año no se avanzó, a pesar de que por la pandemia las instituciones educativas estaban solas y hubiese sido ideal adelantar las obras”. 

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En contexto 

El convenio macro para la intervención de la infraestructura educativa en el país se firmó en 2015, durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, las obras se iniciaron en 2017. Sin embargo, el FFIE le otorgó a un solo consorcio, Mota-Engil, la reconstrucción de 256 instituciones educativas en el país. En 2019, ante los incumplimientos del constructor, el gobierno de Iván Duque dio por terminados los contratos. A finales de 2019 y a comienzos del 2020 se asignaron los contratos a varios consorcios.  

En el Quindío se adelantará la reconstrucción de 13 colegios, 10 en Armenia, 1 en Salento, 1 en Circasia y 1 en Filandia.  En la reasignación, al consorcio Santo Tomás le correspondieron 9 contratos, los 3 del departamento y 6 de Armenia —Ciudadela de Occidente sede La Patria, Rufino Sur, Nacional, Iti, Rufino Centro sede Antonia Santos y Bosques de Pinares sede Simón Rodríguez—. 

Mientras que al consorcio Hope le correspondieron los 4 colegios restantes —Los Quindos sede Policarpa Salavarrieta, Santa Teresa de Jesús, Nuestra Señora de Belén sede Nueva Granada y La Cecilia—.   

Según lo estipulado, los nuevos contratistas tenían un plazo para recibir obras y hacer sus observaciones, pero hicieron requerimientos como la necesidad de ajustar estudios de suelos, diseños y otros aspectos técnicos que llevaron a la veeduría a cuestionar al FFIE por haberle avalado a Motta-Engil el comienzo de los trabajos, ya que ahora los nuevos contratistas plantean la necesidad de revisión de aspectos técnicos, según ellos, por incumplimiento de las normas o poca confiabilidad.  

“Víctor Cardona, del FFIE, nos respondió que los sobrecostos por ajustes se incluirán en demanda por incumplimiento; pero todos sabemos lo engorroso de esas querellas”, dijo León Morales. 

Según la veeduría, las dilaciones en el comienzo de las obras podrían tener un trasfondo. “La fiducia se sostiene con los dineros propios, es decir, con el 70 % puesto por la Nación y el 30 % puesto por la entidad territorial y precisamente los rendimientos de estos dineros, se suponía se reinvertirían en adecuaciones finales de las obras intervenidas o construidas. Nos preguntamos si son dilaciones para mantener la burocracia de esta fiducia y seguir utilizando dineros públicos para beneficio particular”, puntualizó la veedora.

La razón de los retrasos 

José Arbey Soto Giraldo, arquitecto de la secretaría de Educación de Armenia, aseguró que los retrasos se han dado en la incorporación de los aspectos técnicos que hizo el primer contratista. 

“El hecho de que se hayan tenido que hacer ajustes ha impedido la terminación de la fase 1 —de apropiación de diseños, estudios y obras preexistentes—, posiblemente se empiecen actuaciones de obras en fase 2, a partir del próximo 16 de diciembre, en algunas instituciones educativas como la demolición del Rufino Sur”, expresó.  

En cuanto al reajuste en el presupuesto, manifestó que para el caso de Armenia aún no está claro, pero que con el paso del tiempo —teniendo en cuenta que se firmaron en 2017— las obras sí tuvieron un incremento que, para todo el país, el ministerio de Educación calcula en $100.000 millones.  

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