Diana Marcela Rodríguez Herrera habría contratado de manera directa soportándose en la emergencia sanitaria para eventos culturales que no tenían nada que ver con la pandemia.
Diana Marcela Rodríguez Herrera, exdirectora de la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia, Corpocultura, fue imputada por el delito de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales —3 contratos que suman todos $68 millones—, ante el Juzgado Primero Penal Municipal de Control de Garantías de Armenia.
La investigación
La Fiscalía General de la Nación, FGN, conformó un grupo de investigadores del CTI para atender cualquier irregularidad en el departamento, sobre la generación de contratos públicos que supuestamente atenderían la emergencia producida por la Covid-19.
En el actuar de la institución, se encontraron 3 contratos diseñados, autorizados, revisados y liquidados por Diana Marcela Rodríguez Herrera, quien era la directora de Corpocultura, para los meses de marzo y junio del presente año.
También Imputaron a exesposo de Luz P. Valencia por corrupción en contratos de Amable
Se trata de los contratos de prestación de servicios 021, 022, y 023 de 2020, los cuales tenían como objetivo único la difusión por medio de plataformas virtuales y redes sociales, eventos culturales y artísticos.
Pero, según el ente investigador penal, estos convenios se generaron por medio de la modalidad de contratación directa con entidades sin ánimo de lucro, todos basados en la atención de la pandemia. Sus objetos, según las autoridades, no coadyuvaron a la atención del coronavirus en la capital quindiana.
Los contratos
El contrato 021 del 27 de marzo de 2020 tenía un certificado de disponibilidad presupuestal de $18 millones para la ejecución, en 2 meses, de un festival virtual de artes.
Sobre este, la Fiscalía expresó que el oferente no presentó una propuesta, por lo contrario, copió y pegó las necesidades del pliego del contrato en su solicitud para la participación activa y tampoco fueron certificadas las capacidades del contratista o su experiencia para poder ejecutarlo y para el 26 de junio se liquidó el contrato, tras la supuesta evaluación de la ordenadora del gasto cultural, turístico y artístico de la ciudad para el momento de los hechos —Rodríguez Herrera—, en un acta de finalización donde no se argumentaría la debida ejecución de los dineros públicos. Además, el objeto social de la entidad sin ánimo de lucro que ejecutó el contrato no cumplía con los requisitos solicitados.
Una situación similar sucedió con el contrato 022 del 27 de marzo de 2020, donde según el fiscal encargado del caso, debía apoyar la realización de un festival artístico y cultural, el cual tenía un valor de $15 millones y debía ejecutarse por 2 meses.
Sumado a las irregularidades anteriores, las cuales se cumplirían en este contrato, se le añade, según la Fiscalía, la falta de justificación de la necesidad del contrato, que nunca se dieron resultados de la población impactada y que supuestamente iba a ser beneficiada durante la atención de la pandemia, y que en ninguna de las actividades del contratista se dio a conocer la conformación o experiencia de grupos representativos de danzas.
Le puede interesar ¡La pandemia de la corrupción!
El acta de finalización es del 29 de mayo pero se liquidó a finales de junio, donde la funcionaria no habría revisado los certificados de la ejecución del contrato y por ende los soportes.
Finalmente, el 023 del 2 de abril de 2020, que según la Fiscalía, suma todas las irregularidades de los 2 anteriores en su ejecución, tenía como objeto una estación de servicios culturales denominada La cultura es pa’ todos. Fue presupuestado inicialmente por $25 millones y tuvo una adición presupuestal de $10 millones, terminando así en $35 millones.
Además, al parecer se generó un ‘traje a la medida’ en este contrato, toda vez que en la elaboración de los estudios previos se diseñó todo para que pudiera quedar en manos del oferente, según el ente investigador penal. El 26 de junio se liquidó el contrato con la aprobación de soportes que no certificaron la ejecución debida.
La Contraloría General de la República, CGR, seccional Armenia, también entregó un informe fiscal donde señaló estas irregularidades.
Más irregularidades
La Fiscalía detalló que la funcionaria, supuestamente, no verificó si había más entidades culturales y artísticas en el departamento que pudieran entrar a una competencia justa por los contratos, los cuales no debieron realizarse con el objetivo de atender la pandemia, toda vez que no cumplían un objeto de emergencia sanitaria.
Dijo el ente investigador que los oferentes subcontrataron, pasando así por encima de toda transparencia en la contratación estatal, para cumplir con los objetivos de los contratos.
“Contrataron a terceros como técnicos de sistemas para la creación de las plataformas y a diferentes personas que sabían instrumentar elementos musicales, les pedían que grabaran videos y los publicaran en redes sociales, así justificaban los contratos”, expresó el representante del ente investigador penal.
Dinero “embolatado”
Con la subcontratación, las entidades sin ánimo de lucro, señaló la autoridad, habrían pagado una suma flotante de $160.000 a $360.000 para que personas cantaran, bailaran y se grabaran.
Es así que de los contratos 022 y 023 se habrían ejecutado en subcontrataciones de terceros, como técnicos y artistas, una suma de $12 millones, dejando en el limbo $38 millones. Del primer contrato, la Fiscalía no indicó cuánto se habría ejecutado.
“Diana Marcela Rodríguez Herrera, exdirectora de la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia, Corpocultura, me manifestó que para el Día de la Madre, contratara de esos mariachis que estaban en la calle para incluirlos en el contrato 023”, testimonio de uno de los testigos del caso, según la Fiscalía.
- Temas relacionados :
- Armenia
- Corpocultura
