De acuerdo con el ente investigador, las actuaciones habrían ocasionado un detrimento patrimonial estimado en $12.106 millones.
La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a la exgobernadora del Quindío, Amparo Arbeláez Escalante, por su presunta responsabilidad en los delitos de prevaricato por acción, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, fraude procesal y peculado por apropiación agravado.
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Según la investigación adelantada por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, la exmandataria habría promovido una ordenanza ante la Asamblea departamental, que permitió la transferencia y cesión gratuita de un predio público de 19.527 metros cuadrados a la asociación Abrazar, una entidad privada.
La entrega del terreno se formalizó mediante las escrituras públicas 2686 del 12 de diciembre y 2853 del 29 de diciembre de 2007, registradas en la Oficina de Instrumentos Públicos el 4 de enero de 2008. El bien, ubicado en la variante Calarcá – Ibagué, incluía el estadio Guillermo Jaramillo Palacio, cuya transferencia no estaba autorizada en la ordenanza departamental.
Durante la investigación se estableció que el escenario deportivo fue administrado por la asociación beneficiada, lo que generó un aprovechamiento indebido de un bien público. Por orden judicial, el estadio fue restituido al municipio de Calarcá el 28 de abril de 2022.
La Fiscalía identificó otras posibles anomalías, entre ellas la cesión irregular de un predio de uso público que pertenecía al municipio y no al departamento, la ausencia de estudios de conveniencia para la donación y fallas en la documentación presentada ante la Oficina de Instrumentos Públicos de Calarcá, que habrían inducido en error a los funcionarios encargados de formalizar la transferencia.
El ente investigador resaltó que estas actuaciones de la exfuncionaria habrían ocasionado un detrimento patrimonial estimado en $12.106 millones.
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