Desde el pasado 21 de mayo e fiscal general anunció que, además de la imputación, se solicitará la medida de aseguramiento contra el alcalde Ríos Morales.
A las 9 a. m. de este martes se llevará a cabo la audiencia de imputación de cargos por parte de la Fiscalía General de la Nación, FGN, al alcalde suspendido de Armenia, José Manuel Ríos Morales.
Un representante del ente investigador lo acusará a él y a la exdirectora de Bienes y Suministros, Gabriela Valencia Vásquez, de los delitos de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad en documento privado y peculado en la modalidad de tentativa, todo en el marco de la contratación para atender la emergencia sanitaria causada por la COVID-19.
Desde el pasado 21 de mayo el propio fiscal general, Francisco Barbosa Delgado, anunció que, además de la imputación, se solicitará la medida de aseguramiento contra el alcalde Ríos Morales.
Las presuntas irregularidades se presumen en el contrato 002, suscrito entre la exdirectora del departamento administrativo de Bienes y Suministros y la Comercializadora y Distribuidora Agroindustriales, por un valor de $350.000.000, ya que el material probatorio demostraría que algunos socios de la citada empresa habrían donado dinero a la campaña política del alcalde de la capital quindiana, José Manuel Ríos Morales.
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Los enredos con la Procuraduría
Desde el pasado 2 de junio, Ríos Morales fue suspendido provisionalmente por la Procuraduría por presuntos problemas en la selección de contratista, vulneración de los principios de la contratación, sobrecostos y posibles irregularidades en los estudios de mercados de 4 contratos, los cuales suman $1.590.000.000.
En el contrato 01 de 2020 el organismo investiga la falta de capacidad jurídica del contratista para desarrollar el objeto contractual. Del contrato 02 de 2020, celebrado el 2 de abril de 2020, se analiza la presunta falta de capacidad jurídica del contratista para desarrollar el objeto contractual. Sobre el contrato 03 de 2020 se investiga si dicha contratación era necesaria o fundamental para atender la emergencia ocasionada por la COVID-19, ni que haya sido esencial para dar tratamiento a la misma. Mientras que del contrato 04 de 2020, por $442.340.500, se analiza la capacidad jurídica para el suministro del volumen de mercados que requería la alcaldía.
Como irregularidad transversal de todos estos 4 negocios jurídicos, se encuentra la acusación de posibles sobrecostos en los cuales se pudo haber incurrido en estas contrataciones de urgencia manifiesta.
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