Las opciones de José Manuel Ríos Morales para volver a la alcaldía

José Manuel Ríos Morales, alcalde suspendido del municipio de Armenia, sigue convencido de que la Procuraduría General de la Nación cometió una injusticia al prorrogar por 3 meses la sanción que lo mantiene separado del cargo, aunque es respetuoso de las decisiones del ente de control, confía en que volverá a tomar las riendas de la ciudad mucho antes de lo esperado. En rueda de prensa, el mandatario reiteró cuáles son sus argumentos y a qué mecanismos jurídicos ha recurrido o recurrirá para salir del entuerto.  

 Los argumentos 

En primer lugar, el abogado Jaime Andrés López, uno de los colaboradores de la defensa en la investigación disciplinaria, resumió el proceso: “El 2 de junio el alcalde fue notificado de la sanción, teniendo en cuenta 2 causales: la primera, la posibilidad de interferir en la investigación y la segunda, la posibilidad de reincidir en la falta. Estos serios elementos de juicio no existían porque la contratación estaba delegada y había instrucciones de no contratar más bajo la figura de urgencia manifiesta, así mismo, la interferencia no existía porque en los primeros 3 meses que estuvo suspendido, el ente de control no adelantó ninguna investigación”, dijo. 

En cuanto al auto de prórroga de suspensión, que está fechado el 1 de septiembre, el jurídico argumentó que Ríos Morales fue notificado de manera extemporánea, ya que el protocolo de entrega de documentos en la Procuraduría comprende un horario fijo de 8 a. m. a 5 p. m., pero las notificaciones llegaron después de la medianoche, es decir, el 3 de septiembre, cuando ya se suponía que la medida cautelar había terminado y no se podía extender. 

“Además, ese auto fue firmado por una procuradora delegada que nosotros no sabíamos que tenía el proceso. Ignorábamos  que la investigación había pasado de la Procuraduría Delegada para la Contratación Estatal a la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa de Asuntos Sociales y de Paz. 

 Las posibilidades 

 Teniendo como base dicho sustento, la defensa consideró que se cometieron varias irregularidades, razón por la cual, el pasado 4 de septiembre radicó ante la Procuraduría un escrito de nulidad contra la prórroga. 

“Consideramos que no existen fundamentos jurídicos, ni esos serios elementos de juicio para prorrogar la suspensión, el doctor Óscar Ibáñez  —abogado del alcalde José Manuel—, considera que la causal es infundada. Es muy importante resaltar que en la investigación no se tuvo en cuenta lo manifestado por el juez de control de garantías, que no dictó la medida de aseguramiento privativa de la libertad y quien argumentó que de las pruebas aportadas en ninguna se demostró la participación de José Manuel en la presunta conducta delictiva”.  

Sin embargo, este viernes se vencieron los términos para que la procuraduría delegada resolviera la nulidad. 

“Como segunda acción, ante la sala disciplinaria de la Procuraduría, la instancia superior, vamos a presentar argumentos que permitan que se tome una decisión en favor del alcalde”. 

Otra de las acciones de la defensa tiene que ver con la solicitud de medida cautelar que radicó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, “Obtuvimos respuesta de admisión, ya recibimos el número radicado, estamos pendientes de cualquier tipo de solicitud probatoria o para que la corte decida teniendo en cuenta la convención americana”, agregó el defensor. 

En tal sentido, el abogado Jorge Iván Acuña Arrieta, quien asesoró a Gustavo Petro cuando fue destituido de la alcaldía de Bogotá y quien se ofreció para trabajar ad honorem con Ríos Morales, argumentó que como defensor ya se tiene preparada una acción de tutela en contra de la suspensión por la falta de competencia de la Procuraduría General de Nación, PGN, para suspender a servidores públicos elegidos por voto popular como quedó consignado con la sentencia de la CIDH.  

“En caso de que la PGN persista en desconocer los derechos legítimos al señor alcalde, le pediremos a los jueces —a través de la tutela— que ejerzan el control de constitucionalidad, cualquier autoridad administrativa o judicial está en el deber de ejercer ese control. Las convenciones que suscribe el Estado colombiano hacen parte de la Constitución Política. Además, dice la sentencia que solo un juez penal puede destituir a un servidor público elegido por voto popular y en este caso ya se pronunció a favor del alcalde”, reiteró el abogado Acuña Arrieta. 

Por su parte, Ríos Morales recalcó que está tranquilo, que sigue creyendo en el organismo de control, por lo que antes de interponer la tutela, primero agotará los otros mecanismos.  

“Confío en las instituciones y que las acciones se tomen en derecho. Hay intereses creados, lógicamente, porque hay un marco político, pero más allá, creo que lo vamos a solucionar en derecho”, resaltó.  

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