Completaro 4 meses sin poder trabajar.
Los abogados litigantes del Quindío se sumaron a la jornada de protesta nacional para exigir la reapertura de los despachos judiciales.
“Llevamos 4 meses sin poder ejercer y estamos viviendo una situación económica muy difícil, para el sostenimiento del personal, las oficinas y nuestras familias”, señaló José Vicente Roa Rodríguez, presidente del Colegio de Juristas del Quindío, el cual tiene inscritos a 60 profesionales.
Frente a la entrada del palacio de justicia de Armenia, cerca de 30 profesionales mostraron su preocupación por la estabilidad económica e hicieron un llamado al gobierno nacional y al Consejo Superior de la Judicatura para que reactive los despachos.
“La imposibilidad de atender los procesos y las demandas no solo nos afecta a nosotros como gremio, también a los usuarios, cuyos problemas deben ser resueltos por el poder judicial”, agregó.
En el pliego de peticiones, dado a conocer durante el plantón, también solicitaron la creación de un fondo de solidaridad para abogados litigantes y demás funcionarios de la justicia, que sirva como un alivio para atender sus necesidades básicas y su mínimo vital en situaciones como la provocada por la COVID-19.
También piden que el Consejo Superior de la Judicatura les brinde capacitaciones en el manejo de las audiencias y de la plataforma virtual para ejercer su labor.
Asonal apoya, pero duda
En diálogo con LA CRÓNICA, Germán Laureano Ujueta Diago, presidente de Asonal Judicial S.I Quindío, aseguró que la organización está de acuerdo con el derecho a la protesta de los litigantes, pero que duda sobre la exigencia de reabrir los juzgados.
“Por encima de todo están los intereses de la vida y de la sociedad colombiana, no sé cómo ellos piensan implementar los protocolos de bioseguridad y garantizar esa rigurosidad que deben tener en el palacio”.
Argumentó que todos deben ser muy cuidadosos para evitar que el virus ingrese a los despachos judiciales, porque ahí sí quedaría amenazada toda la justicia.
Levantamiento de suspensión de términos judiciales
El Consejo Superior de la Judicatura determinó levantar la suspensión de términos judiciales a partir del 1 de julio de 2020, estableciendo un plan de normalización para continuar prestando el servicio de justicia y protegiendo la salud de servidores judiciales, abogados y usuarios de la rama Judicial.
Un comunicado, fechado el 5 de junio, establece, entre otros asuntos, que los consejos seccionales de la judicatura, en coordinación con los directores seccionales de los distritos judiciales del país, deberán establecer los horarios de atención al público y turnos de trabajo antes del 17 de junio, atendiendo las características de las ciudades o regiones. Además, determina las reglas de acceso y permanencia en sedes, como el uso obligatorio del tapabocas y las consabidas normas de distanciamiento social.
“Se continuará privilegiando el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, de preferencia institucionales, buscando optimizar los canales de acceso, consulta y publicidad de la información”.
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