Procuraduría prorrogó la suspensión del alcalde de Armenia

El alcalde titular de Armenia, José Manuel Ríos Morales, permanecerá separado de su cargo por 3 meses más, es decir, hasta el 3 de diciembre, así quedó definido este miércoles por la Procuraduría en el marco del proceso de investigación que adelanta por presuntas irregularidades cometidas en la celebración de 4 contratos durante la emergencia sanitaria por la COVID-19.

El mandatario esperaba retornar a su cargo este jueves, pero en la noche de este martes el gobernador del Quindío fue notificado de la extensión de la medida cautelar, con la cual el organismo de control busca evitar la  injerencia del alcalde en la investigación y para que no utilice recursos de la entidad para su defensa. 

Se tiene que recordar que Ríos Morales fue suspendido desde el 2 de junio, ya que el órgano de control investiga presuntos problemas como la selección del contratista, vulneración de los principios de la contratación, sobrecostos y posibles irregularidades en los estudios de mercados de los contratos 01, 02, 03 y 04 de 2020, que sumados ascienden a $1.590.000.000. 

El contrato 01 de 2020 se celebró el 1 de abril por valor de $550.000.000 con Imaka S.A.S., con el objeto de “suministrar insumos y elementos de bioseguridad, aseo y desinfección para atender la pandemia en las dependencias de la administración central y en el municipio”.  Aquí las presuntas irregularidades tienen relación con falta de capacidad jurídica del contratista para desarrollar el objeto contractual. 

Así mismo, el polémico contrato 002 de 2020, entre la alcaldía Armenia y la Comercializadora y Distribuidora Agroindustriales para “suministrar guantes y tapabocas para atender la pandemia de COVID-19 en las dependencias de la administración central y en el municipio”, se tuvo que suspender —luego de una advertencia de la Procuraduría— ante la presunta falta de capacidad jurídica del contratista para desarrollar el objeto contractual, toda vez que según el certificado de existencia y representación legal de la empresa, expedido el 28 de abril de 2020, señalaba que dicha empresa no tiene actividades registradas en el Ciiu, ni tampoco dentro de su objeto social se encuentra el suministro de los bienes a los cuales se comprometió a entregar.

Respecto al contrato 03 de suministro de alimentos, por $300.000.000, también se tuvo que suspender porque, según investigación de la Procuraduría, no era necesario, ni fundamental para atender la emergencia, ocasionada por el coronavirus. 

Frente al contrato 04 de 2020, por $442.340.500, para la compra de los mercados que el gobierno municipal entregó en los sectores más vulnerables de la ciudad, también se investiga la falta de capacidad jurídica del contratista, para el suministro del volumen de mercados que requería la alcaldía, unido al hecho de que su establecimiento de comercio en la ciudad de Pereira se encontraba embargado para cuando se suscribió el citado negocio jurídico bilateral.

¿Qué sigue?

Por ahora, la ciudad se mantendrá bajo el mandato de la alcaldesa encargada, Claudia Milena Rivera Arévalo, quien fue designada por el gobernador en representación del Movimiento Alternativo Indígena y Social, Mais, el cual avaló la candidatura de Ríos Morales.

Sin embargo, es de resaltar que desde antes de llegar al despacho del CAM, Rivera Arévalo se encontraba participando en un concurso público de méritos para ser nombrada en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, proceso que ganó y sobre el cual tendrá que pronunciarse en los próximos días, lo cual extendería por un tiempo la incertidumbre de una ciudad que aún no tiene plan de desarrollo y donde la pandemia está registrando un ritmo acelerado de contagios.