Ríos Morales no es un peligro para la comunidad: defensa del mandatario 

Este miércoles se efectuó la segunda parte de la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra el alcalde suspendido de Armenia, José Manuel Ríos Morales, y contra la exdirectora del departamento administrativo de Bienes y Suministros, Gabriela Valencia Vásquez, en el marco de las investigaciones que adelanta la Fiscalía por presuntas irregularidades encontradas en el contrato 002 de 2020 con la Comercializadora y Distribuidora Agroindustriales SAS. 

En la primera parte, celebrada la semana pasada, la Fiscalía acusó a Ríos Morales, en calidad de determinador, y a Valencia Vásquez, en calidad de coautora, de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos en concurso heterogéneo con contratos sin cumplimiento de requisitos legales; violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, y peculado por apropiación en grado de tentativa. 

En esa primera sesión, el ente fiscal argumentó que Ríos Morales quería pagar favores de campaña con dineros del municipio, pues presuntamente influyó para que se contratara a la empresa en cuestión porque uno de los socios de la misma era el señor John Freddy Correa Carvajal, quien le prestó $50.000.000 para financiar su campaña del año pasado.  

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En la nueva sesión de la audiencia virtual, la Procuraduría, representada por Luis Arturo Portilla, apoyó la solicitud de la Fiscalía y puso en la mesa elementos relacionados con corrupción y que, a su parecer, coincidirían con lo ocurrido en el municipio de Armenia con la celebración del contrato 002 de 2020. 

“El primer elemento que yo encuentro y debe ser objeto de estudio es el de la delegación de funciones, el alcalde delegó a la directora del departamento de Bienes y Suministros la facultad para contratar, es decir, que él no aparece como firmante. Después de esta servidora, que está también como imputada, fueron otros empleados y servidores de la alcaldía quienes realizaron las contrataciones. Es así como se va difuminando la responsabilidad y se va perdiendo la oportunidad de responsabilizar a personas concretas. Desde luego que ese decreto no exime de responsabilidad a quien delega, pero es una de las características de la corrupción, que trata de compartimentar responsabilidades para esconder a sus ejecutores”.  

Así mismo, se refirió a un segundo elemento que es común a los actos de corrupción: “El derecho se tergiversa tanto que se vuelve una herramienta para el agente corrupto, en vez de ser la herramienta que defiende el ente social o el interés público, se llega a torcer tanto que el mismo derecho es utilizado por quienes practican estas conductas para garantizar su impunidad. En este caso todo se va arreglando para que parezca de acuerdo con las reglas, el interés era pagar un favor político y para eso se acudió a todos los mecanismos jurídicos que estaban disponibles, en primer lugar, la declaratoria de emergencia porque facilitaba la contratación con las reglas del derecho privado”. 

Sin embargo, más allá de la posición del ministerio público, el foco de la audiencia estuvo en Jorge Mario Bolívar, abogado defensor del alcalde Ríos Morales, quien en una exposición de más de 5 horas refutó los argumentos de la Fiscalía y sostuvo tajantemente que su defendido no determinó, ni intercedió, ni instó a ningún funcionario para que el contrato 002 favoreciera a alguien en particular y que, por el contrario, cumplió con su deber constitucional de defender el patrimonio de los armenios. 

“Su señoría, usted podrá leer todas las entrevistas de la Fiscalía, podrá leer todas las entrevistas de la defensa y en ninguna —ni siquiera en los interrogatorios— se menciona que José Manuel Ríos Morales determinó, instruyó u obligó, como se le ha querido vincular al proceso”, dijo.  

El defensor del alcalde presentó documentos de cámara de comercio que, según él, evidencian que la persona que le prestó dinero al alcalde para la campaña, en el momento de la contratación ya no hacía parte de la empresa.  

De igual manera citó el parágrafo 3 de la cláusula tercera del mismo contrato investigado para contradecir los presuntos intereses indebidos para favorecer al contratista. 

Dicha cláusula reza: “En caso de que la administración considere que los precios no comportan un precio real —artificialmente alto— comunicará dicha situación al contratista a efectos de concertar el precio, de no lograrse el acuerdo el precio será fijado por un organismo asesor del Estado o peritaje”.  

El abogado Bolívar también se refirió a la serie de solicitudes y reuniones de control y vigilancia que el alcalde Ríos Morales ordenó en el marco de la contratación de la emergencia sanitaria.  

Finalmente solicitó que no se imponga la medida de aseguramiento, tomando en consideración que el argumento de la Fiscalía es el peligro para la comunidad que Ríos Morales representaría en caso de retornar al puesto para el cual fue elegido.  

“La Fiscalía no ha acreditado el peligro para la comunidad que genera José Manuel Ríos Morales. La medida de aseguramiento no es proporcional, puesto que se quiere afectar el derecho a la libertad bajo una premisa de investigación que ya se realizó y no va a cambiar porque los elementos ya están recopilados. No habrá ninguna actuación que realice el alcalde que vaya en desmedro de la actividad investigativa, pues siendo alcalde recolectaron un sinnúmero de elementos sin recibir un solo reparo”.  

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Sigue la defensa 

Luego de la intervención del abogado Bolívar, el Juzgado Quinto Penal Municipal de Control de Garantías decidió suspender la audiencia para retomarla este jueves a las 8:30 a. m. con la participación de la defensa de Gabriela Valencia Vásquez, exdirectora de Bienes y Suministros.