Secretaría de Hacienda denunció irregularidad en trámite catastral ante la Fiscalía

En una intervención ante el Concejo de Armenia, el secretario de Hacienda, Yeison Andrés Pérez Lotero, reveló un preocupante caso de presunta corrupción dentro de la Subsecretaría de Catastro del municipio.

Aunque negó categóricamente la existencia de un “cartel” al interior de la dependencia, sí confirmó la detección de un hecho irregular que ya fue denunciado ante la Fiscalía General de la Nación.

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El secretario explicó que todo surgió a raíz de un control interno de su despacho y una notificación escrita de una funcionaria de la subsecretaría. En el proceso de revisión de un avalúo solicitado por un ciudadano, encontraron dos actos administrativos contradictorios: uno que confirmaba el valor original del avalúo y otro que lo reducía drásticamente. Ambos documentos partían de los mismos soportes, es decir, con una sola solicitud y la misma evidencia se generaron dos decisiones completamente opuestas.

Lo más grave, según Pérez Lotero, es que el acto administrativo que disminuía el avalúo no contaba con respaldo legal ni técnico suficiente. Esa duplicidad levantó sospechas sobre posibles actos de corrupción. A través del sistema de información catastral, que registra las intervenciones de cada usuario, identificaron personas involucradas en el trámite. Aunque no se han señalado culpables, algunos funcionarios fueron retirados de sus cargos mientras avanzan las investigaciones.

El secretario aclaró que la contratación del personal operativo en Catastro está a cargo de un operador, mientras que el municipio solo administra la parte directiva y los controles de calidad. En respuesta a lo ocurrido, el operador ejecutó despidos internos, y desde la Secretaría de Hacienda se reforzaron los controles de acceso a los sistemas y de trazabilidad de los trámites.

En cuanto al impacto directo del hecho, Pérez Lotero indicó que el avalúo modificado afectó el registro R1, un documento técnico que se comunica con la Tesorería y que influye directamente en el impuesto predial unificado. Afortunadamente, la Tesorería actuó con prontitud para impedir que se concretara el pago basado en un avalúo adulterado.

Frente a la posibilidad de que este caso represente un patrón, el secretario fue claro: “Hasta el momento, en lo que vamos del ejercicio de control, no hemos identificado más casos”. Sin embargo, aseguró que continúan revisando expedientes para detectar posibles irregularidades similares. Si encuentran nuevas evidencias, también serán reportadas ante la Fiscalía.

Más allá del caso puntual, Pérez Lotero ofreció una reflexión: la corrupción no es solo un problema institucional, sino cultural. “Si alguien dentro de la administración está haciendo actos delictivos, es porque alguien afuera está ofreciendo plata para que los hagan. El tema gratis no es”, afirmó. Por eso, su llamado a la ciudadanía fue a no abrir las puertas a la corrupción y a utilizar siempre las vías legales para cualquier trámite ante el Estado.

En sus palabras, el funcionario remarcó que incluso cuando un ciudadano tiene derecho a solicitar la revisión de su avalúo, eso no justifica ofrecer dinero para acelerar o manipular el proceso. “Actuar con pruebas, argumentos y dentro de la ley es el camino correcto”, sostuvo.

Por último, el secretario enfatizó que la administración municipal está comprometida en mejorar la eficiencia de la subsecretaría de Catastro, fortalecer los sistemas de control interno y avanzar hacia una cultura pública libre de corrupción. Aunque reconoció que el sistema sigue operado por personas —con todos los riesgos que eso conlleva—, confía en que con vigilancia, transparencia y cultura ciudadana, estos episodios puedan erradicarse.

El caso está ahora en manos de la Fiscalía, que deberá determinar con precisión qué ocurrió, quiénes fueron responsables y cómo evitar que situaciones similares se repitan. Mientras tanto, desde la administración se reiteró la disposición para colaborar con las investigaciones y tomar todas las medidas correctivas necesarias.