Versiones encontradas por cierre de reconocido restaurante en el sur de Armenia

Frente a las denuncias por parte de los propietarios del establecimiento comercial Simón Simón Campestre Café Restaurante, en las que manifiestan que se les estaba negando el debido proceso y el derecho a la defensa y al trabajo, desde la secretaría de Gobierno y Convivencia de Armenia indicaron que las razones por las que se decidió el cierre del establecimiento se deben a incumplimiento de la destinación para la cual fue realizada la construcción y la carencia del plan de implantación. 

Luis Gonzaga Rodríguez López, gerente de Simón Simón Restaurantes, contó para este medio periodístico que este proyecto empezó en el 2008. Con el tiempo, fue creciendo y a inicios de este 2022, inició Simón Simón Campestre. “Desde el momento en el que arrendamos la finca (kilómetro 6 vía Armenia – El Edén, unos 100 metros antes de la Estación de Policía de Murillo), tuvimos visitas de funcionarios del Departamento Administrativo de Planeación de Armenia. Pensamos que era algo normal, les atendimos y no pasaba nada. Tuvimos 2 visitas con técnicos y en la tercera visita llegó el subdirector de Planeación con Control Urbano y otros técnicos”.

“En esa visita nos dejaron un acta en la que evidenciaron que el uso del suelo, la actividad que estábamos ejerciendo allá, correspondía con la que teníamos registrado en la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío y coincidía con el uso del suelo otorgado por la Curaduría Urbana número 2 de Armenia. En ese momento, nos dimos cuenta de que había una persona, un constructor vecino del restaurante, quien había denunciado que nosotros estábamos haciendo unas construcciones, sin embargo, en acta quedó que no se estaban haciendo modificaciones. Ya el 8 de junio del 2022, llegaron 19 personas de la administración municipal, incluyendo al director de Planeación con su abogado, arquitecta, secretaría de Gobierno, secretaría de Salud, Bomberos, Inspección de Policía y Policía Nacional”.

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“El director de Planeación llegó pidiendo el plan de implantación. A nosotros ya nos habían indicado esto en una visita anterior, entonces habíamos contactado un abogado especialista en urbanismo a manera de consultoría. Él nos había comentado que ese plan de implantación no aplica -según el Plan de Ordenamiento Territorial- para la actividad que nosotros desarrollamos ni para el sector. Además, que si aplicara en el uso de suelos se diría que está restringido porque tenemos que radicar el plan de implantación, pero en ninguna parte se dice que esta sea una obligación. Desde un comienzo intentaron presionarnos con requerimientos muy complicados e inaplicables”, aseguró el empresario.

Después de la visita, “todas las actas quedaron a favor. Tanto bomberos, secretaría de Salud, secretaría de Gobierno y Planeación -en la que dejaron 2 recomendaciones: plan de implantación y la licencia de reconocimiento de uso comercial-. Todos dejaron sus actas bien evaluadas. La Corporación Autónoma Regional del Quindío también nos visitó 4 veces y fue favorable la evaluación”.

Contó el gerente de Simón Simón volvieron a consultar con su abogado quien les reiteró que no aplicaba para ellos ninguno de los 2 requerimientos que hacían. “La ley es una sola, ahí están estrictos los requerimientos que necesita cualquier establecimiento comercial, nos indicó el abogado. Luego fuimos a secretaría de Gobierno y les pedimos que nos indicaran qué debíamos corregir, la respuesta fue: ustedes tienen todo correcto, tranquilos. Pasaron 2 o 3 meses y a comienzos de noviembre llegaron a hacernos cierre definitivo”.

Rodríguez López también dijo que: “Es muy evidente la inclinación hacia la persona que puso la queja.  Nosotros reclamamos que nos digan cuál es la afectación que reclama el señor frente al perjuicio que causaron con la persecución que hizo que 25 personas se quedaran sin empleo”. Y agregó: “El arrendador nos informó que el vecino que interpuso la queja contra el restaurante, hace tiempo intentó comprar la finca en la que estamos ubicados. Sin embargo, al final no le vendió la propiedad por razones que no se comentaron”.

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Versión de la alcaldía

Diego Fernando Tobón Gil, secretario del Departamento Administrativo de Planeación de Armenia, explicó que es una obligación de las empresas -con cualquier actividad económica- contar con un plan de implantación, como bien lo establece el Plan de Ordenamiento Territorial y sus diferentes fichas normativas. “Mediante este se mitigan los impactos negativos de las actividades que se llevan a cabo en el sector, sobre todo el tema de movilidad. Cualquier almacén, restaurante, centro comercial, taller, bar, discoteca, todo lo que sea una actividad económica va a tener un impacto fuerte de movilidad en el sector y tendrá que cumplir especificaciones técnicas de parqueo, garantizar localización de tráfico en la ciudad, controlar el tema auditivo, entre otras cosas”.

Por su parte, la jefe de la Oficina de Gobierno, Luz Elena Valencia Ángel, señaló para este medio que se recibieron varias quejas sobre el restaurante y que, cuando esto sucede, las dependencias involucradas van, realizan las visitas y emiten conceptos. “Cuando esos conceptos tienen una parte favorable entonces se les hacen unas recomendaciones, entre esas, a ellos se les sugirió tener un plan de implantación. Normalmente los plazos que se conceden para cumplir son de 30 días con el fin de no afectar al comerciante. Luego se vuelve a hacer visita con el fin de verificar que las personas atiendan las recomendaciones realizadas”.

Además, explicó: “Para el cierre tuvimos en cuenta los artículos: 87 -requisitos para abrir un establecimiento de comercio- y el 92 del Código de Polícia -corregido mediante el decreto 555 de 2017-. Es claro que donde venía funcionando Simón Simón Campestre Café Restaurante no se cumple con el requisito de la destinación o finalidad para la cual fue construída la edificación. Ese es un requisito. Aunado a ello, no cuentan con plan de implantación que el Departamento Administrativo de Planeación les recomendó para poder funcionar, es decir, ellos tienen que hacer ese trámite para poder tener en servicio unos parqueaderos y áreas. Hasta el momento, en Planeación, no se había radicado la solicitud del plan de implantación y ante la Curaduría no culminaron el proceso para que les hicieran el reconocimiento de la destinación para la cual fue construído el inmueble. Ellos no terminaron el proceso por tanto la Curaduría segunda lo declaró desistido y lo archivó”.

“Sumado a lo anterior, con el fin de proteger el  bien común, analizamos que hay inestabilidad en la obra y riesgo de colapso. Para eso nos llegaron unos informes de ingenieros, valga decir que si bien no es requisito expreso de la ley, nos sirvió como de idea de lo que estaba pasando allí. Cuando el inspector de Murillo fue a realizar el cierre ese día -1 de noviembre- no se pudo hacer completa la notificación ya que los propietarios solicitaron que estuviera presente el abogado de ellos. Se dio plazo para el día siguiente, quedaron a las 2 p.m. para hacer la diligencia, pero nunca volvieron a abrir el restaurante. El inspector adelantó una notificación de forma preventiva, apoyado en el artículo primero del Código de Policía. El 29 de noviembre me informaron desde la inspección de Policía de la vereda Murillo que están sacando unos enseres del establecimiento, de manera que no pudimos cerrar ni por esta resolución ni por otros procesos que se siguen adelantando por nuevas quejas”. La decisión, sostuvo la funcionaria, se tomó respetando todas las garantías constitucionales. 

Los propietarios de Simón Simón Campestre Café interpusieron una acción de tutela en la que apelaron a la violación del debido proceso, derecho al trabjo y a la defensa; no obstante, la respuesta del juez, José Suarez Saldaña, del juzgado municipal civil 002, emitida el 21 de noviembre de 2022, fue que la tutela no era procedente como mecanismo principal.

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