Jorge Álvarez Villalobos

El ideal de una sociedad igualitaria, incluyente y justa en Colombia es una inquietante utopía que pone al descubierto una profunda inequidad en asuntos educativos y laborales que viven diariamente las personas con algún tipo de discapacidad.

Colombia es, sin lugar a dudas, un país con una sólida democracia, si tomamos como indicadores todas las modalidades de elecciones y su periodicidad. Tenemos el privilegio de elegir consejeros municipales de la juventud, concejales municipales, diputados, representantes a la Cámara, senadores, presidente y vicepresidente de Colombia; eso no admite discusión.

De acuerdo con los reiterados anuncios del secretario de Tránsito y Transportes de Armenia, Daniel Jaime Castaño Calderón, y del alcalde James Padilla García, hoy entraría en vigencia la nueva disposición que modifica horario y cobertura del pico y placa en la ciudad. Sin embargo, no es así. La medida, que debe ser adoptada mediante decreto municipal —el cual no se dio a conocer—, pero que aun así entrará en vigencia el próximo 1 de diciembre, tendrá la continuidad de 7 de la mañana a las 7 de la noche sin ninguna interrupción. Se aplicará en toda la zona urbana de Armenia y será únicamente para vehículos particulares y motocicletas; los taxistas continuarán como vienen hasta hoy.

Con la finalidad de evitar el uso inapropiado de dineros públicos y limitar la influencia y abuso del poder ejecutivo en los procesos de elección popular, fue creada la Ley 996 de 2005, de garantías electorales en Colombia, como una herramienta jurídica eficaz para garantizar la transparencia y la equidad en las elecciones.

Este jueves 30 y viernes 31 de octubre, Bogotá será sede del encuentro global del Día Mundial de Ciudades Inteligentes. Durante la jornada recibirá a los alcaldes de las ciudades capitales de departamentos de Colombia, líderes urbanistas y expertos ambientalistas de 47 países.

El pasado domingo 19 de octubre, se cumplieron las elecciones a los consejos municipales de la juventud, con una muy baja participación de jóvenes, cerca del 14 por ciento del total del censo electoral habilitado para votar a pesar del acompañamiento y presencia de partidos tradicionales y algunos emergentes.

En Colombia, la mediocridad, la politiquería y la corrupción administrativa han estado presentes tanto en las unidades territoriales como en el nivel central, así se ha evidenciado en las elecciones de los últimos años.

Es evidente la problemática generada por los habitantes de calle en el departamento del Quindío, pero especialmente en Armenia, la cual se ha agudizado en los años más recientes, lo que ha ocasionado enormes traumatismos a la comunidad, con un mayor impacto al sector comercial; asunto que es altamente preocupante por sus consecuencias negativas.

Es evidente que los mandatarios territoriales y el gobierno central en Colombia ocupan gran parte de sus agendas en foros, congresos y “jornadas académicas” en la búsqueda de soluciones a problemas sociales que deben ser resueltos por la administración pública, y que en la mayoría de las ocasiones solo requieren para su solución dos cosas básicas: sentido común y voluntad política. El ejemplo más contundente lo encontramos en los asuntos ambientales.

El desprecio demostrado por Gustavo Petro a las disposiciones jurídicas y a algunos fallos de las altas cortes; el desdén evidente a las fuerzas armadas, la Policía y otros organismos del Estado es perturbador; los comportamientos abiertamente en contravía de la institucionalidad, que, aunque está amparada por la Constitución Política, le ha ocasionado un daño incalculable a la estructura democrática y social de Colombia.

Hace poco La Crónica del Quindío lideró un foro académico denominado “Calidad en la educación, un compromiso entre el Estado, familia, instituciones educativas y sociedad”, lo que se buscaba con esa jornada era la identificación de debilidades, vacíos y desafíos que tiene la educación en la actualidad, especialmente la formación superior.

Con frecuencia, el comando de policía del Quindío entrega informes sobre la seguridad ciudadana, los cuales, en su mayoría, son esperanzadores, con cifras optimistas, pero olvidan que una cosa son los datos suministrados por los organismos del Estado y otra, bien diferente, la realidad que deben afrontar los habitantes en este departamento.