Es evidente que los mandatarios territoriales y el gobierno central en Colombia ocupan gran parte de sus agendas en foros, congresos y “jornadas académicas” en la búsqueda de soluciones a problemas sociales que deben ser resueltos por la administración pública, y que en la mayoría de las ocasiones solo requieren para su solución dos cosas básicas: sentido común y voluntad política. El ejemplo más contundente lo encontramos en los asuntos ambientales.
Hace poco finalizó la Cumbre Internacional sobre sostenibilidad e innovación que se realizó en el centro de convenciones en Bogotá, con temas realmente interesantes y necesarios para la conservación y protección de los recursos naturales y el medio ambiente. Allí se discutieron temas de gobernanza para la seguridad hídrica, la transición energética, la protección de los ecosistemas, la agroecología, la economía circular y el adecuado manejo y gestión de los residuos sólidos; en términos generales, la estabilidad ambiental fue analizada y discutida con rigor y seriedad.
Es claro que no se le puede restar importancia a la jornada, en el entendido de que lo que se busca con la misma es consolidar la articulación de alianzas estratégicas para el fortalecimiento de las acciones necesarias que conduzcan a la estabilidad climática. Sin embargo, Colombia enfrenta retos significativos en lo relacionado con la sostenibilidad ambiental y el desarrollo sostenible.
Aunque evidentemente algunas entidades encargadas de controlar el componente ecológico y ambiental hacen esfuerzos importantes, los programas actuales registran deficiencias notables. Eso se debe a que Colombia ha realizado pocas investigaciones asociadas con la sostenibilidad ambiental, esporádicamente se ocupa del impacto letal que sobre las comunidades desencadena la explotación minera ilegal y los cultivos ilícitos; muy seguramente porque no cuenta el país con las herramientas suficientes ni el capital humano necesario para adelantar eficientemente los programas orientados a la conservación y protección ambiental.
Esa evidente deficiencia en los programas dirigidos a la sostenibilidad ambiental se ha trasladado a las entidades territoriales en Colombia, lo que demanda pronta solución.
En lo relacionado con el departamento del Quindío, a pesar de que los organismos del Estado insisten en que en esta región no hay evidencias de explotación minera ilegal, se han registrado trazas de mercurio y otros metales pesados en algunos ríos y varias fuentes de agua, lo que señala todo lo contrario, pues esas sustancias son utilizadas exclusivamente en la extracción de oro.
Sumado a lo anterior, la carencia de una escombrera local agudiza la situación debido a que algunos irresponsables arrojan material de demoliciones y de algunas construcciones a las laderas de ríos y quebradas, afectando notablemente la calidad del agua de las fuentes hídricas.
En ese contexto, es claro que estas deficiencias y problemáticas ambientales tienen que ser atendidas con contundencia por la gobernación del Quindío y las alcaldías, con el acompañamiento de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, mediante la implementación y diseño de planes y programas que conduzcan al mejoramiento de la investigación con componente ambiental, al abordaje de temas inherentes a la educación y al aumento de la conciencia social sobre sostenibilidad, para optimizar los programas de protección ambiental que garanticen un desarrollo sostenible.
Se requiere más acción.
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