Colombia es, sin lugar a dudas, un país con una sólida democracia, si tomamos como indicadores todas las modalidades de elecciones y su periodicidad. Tenemos el privilegio de elegir consejeros municipales de la juventud, concejales municipales, diputados, representantes a la Cámara, senadores, presidente y vicepresidente de Colombia; eso no admite discusión.
Sin embargo, la democracia es mucho más, pues es el atributo y la herramienta social que le garantiza a la comunidad tomar conciencia de sí misma, otorgándole el valor real a todas las formas de participación ciudadana, en especial la de elegir y ser elegido. El asunto es que, por lo general, se pierde de vista que los ciudadanos son la parte esencial de la democracia, pues, si bien es cierto que los componentes relacionados con ella son exclusivamente de la órbita y competencia del Estado, esto conduce a creer que la democracia es únicamente la elección de gobernantes, congresistas, diputados y concejales.
La democracia, entonces, no se puede entender únicamente como una forma de gobierno; es, en esencia, el modelo adecuado para la convivencia, la interacción y las dinámicas sociales. Sin embargo, las dificultades para estructurar un componente cultural y académico asociado a la comprensión del valor y utilidad de la democracia a través del voto radican en la historia republicana de Colombia, que ha vivido prolongados periodos con identidad política en su mayoría conservadora, oscurantista y clerical. Por lo tanto, la elaboración y aprobación de la Constitución de 1991 fue disruptiva: rompió paradigmas políticos, sociales, culturales y educativos, y dio un paso sólido al declarar, como uno de sus principios fundamentales, que Colombia es un Estado social de derecho, dando inicio así a la denominada modernidad democrática, consensuada, participativa y pluralista.
Pero, con el paso de los años, esos propósitos plasmados en la carta magna se quedaron en buenas intenciones. Muy por el contrario, quienes encarnan el poder detrás del poder se han convertido en perversas élites territoriales que manipulan, manejan y dominan los procesos electorales con imposiciones y restricciones excluyentes, casi siempre con la complicidad de los organismos de control. Ese sistema intolerante e impositivo cierra y vulnera las posibilidades de nuevos liderazgos emergentes, de quienes se muestran independientes y no aceptan la subordinación a la dominación politiquera.
En ese contexto, los ciudadanos actuales, los que tienen la posibilidad de elegir y ser elegidos en los próximos comicios al Congreso en el mes de marzo de 2026, deben respaldar procesos políticos incluyentes y responsables, donde impere el respeto, la autonomía y la independencia en una democracia realmente igualitaria y participativa, libre de oscuras influencias que enturbian los ejercicios democráticos que buscan la transparencia electoral.
Los candidatos deben ser, por encima de cualquier consideración, los catalizadores de la desesperanza y frustraciones de los votantes a través de propuestas serias, pertinentes y asociadas al plan de desarrollo nacional, que permitan la recuperación de los espacios perdidos frente a las maquinarias y estructuras clientelares.
Es urgente entender que, para fortalecer y consolidar la democracia, se requiere la presencia activa de ciudadanos con solvencia moral y reconocida ética política y social.
- Temas relacionados :