Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros en la mira de la Procuraduría

La Procuraduría General de la Nación ha dado inicio a una indagación previa contra servidores públicos del Ministerio de Transporte, en relación con posibles irregularidades en la ejecución del convenio para la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros, SETP, de Armenia para el periodo 2021‑2024.

Lea también: Plan de Movilidad Sostenible y Segura de Armenia, ¿a tiempo para el 2040?

Según los datos recabados por la Segunda Delegada para la Contratación Estatal, los desembolsos destinados al proyecto no se habrían efectuado conforme con los montos, plazos y condiciones pactadas.

El ente de control también indaga la actuación de la Alcaldía de Armenia en la creación del Fondo de Estabilización Tarifaria, previsto en el convenio de cofinanciación como mecanismo para garantizar la sostenibilidad y regulación de tarifas del sistema.

De igual manera, la Procuraduría pretende determinar si existieron deficiencias en el seguimiento del avance del proyecto y en el cumplimiento de obligaciones por parte del Ministerio de Transporte.

El fondo ya tiene el visto bueno del concejo de Armenia para su creación

Sobre el fondo de estabilización, el secretario de hacienda de Armenia, Yeison Pérez Lotero, explicó a La Crónica que es una herramienta financiera que busca garantizar la viabilidad del Sistema Estratégico de Transporte Público, SETP, sin trasladar la carga económica a los usuarios.

Señaló que el concejo municipal ya le otorgó las facultades al alcalde James Padilla García para crearlo en agosto pasado, a partir de ahí hay un periodo de seis meses para reglamentar el fondo y posteriormente empezar a realizar las transferencias de recursos respectivos.
Para el año 2026, se estima que el fondo deberá contar con cerca de $6.000 millones, con picos proyectados de hasta $8.000 y $9.000 millones en ciertos años, dependiendo de la demanda del sistema de transporte. La planeación financiera también contempla años con menores requerimientos.

“Esto no es un gasto directo del municipio, es más una garantía que permite que las inversiones del sistema sean viables. También es un requisito del convenio firmado entre la Nación, el Municipio y el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, lo cual le da aún mayor relevancia”, agregó Pérez Lotero.

Afirmó que el fondo no está concebido como un mecanismo de subsidio, sino como una garantía económica para cubrir la diferencia entre la tarifa técnica (lo que realmente cuesta operar el sistema con estándares modernos) y la tarifa al usuario (el valor que efectivamente paga el ciudadano).

“A la empresa de transporte le exigen inversiones. Eso aumenta los costos de operación y por ende aumenta las tarifas, pero no se le puede trasladar ese incremento completo al ciudadano, porque sería un golpe muy fuerte a la economía de las familias, especialmente para los usuarios de estratos bajos, que son quienes más usan el sistema. Ahí es donde entra el fondo, para cubrir esa diferencia”, explicó.