En esa tarea permanente de escudriñar la historia del Quindío, de revisar archivos y seguir el rastro de decisiones que marcaron el destino colectivo, uno se encuentra, a veces, con documentos que obligan a detenerse. No porque sean desconocidos, sino porque, al releerlos con calma, dejan ver algo más profundo de lo que aparentan. Eso ocurrió al revisar los antecedentes de la Jefatura Civil y Militar del Quindío (1957–1958), etapa que precedió a la activación de la VIII Brigada en 1962.
Entre los papeles apareció una carta que, más que un simple memorial, encerraba una idea de largo aliento. Estaba dirigida a la Comisión Investigadora de las Causas de la Violencia y la firmaban varios ciudadanos prominentes de la región. No era un escrito marginal. En sus líneas asomaba un malestar antiguo: la inconformidad frente al centralismo de Caldas y la percepción de que los recursos públicos se concentraban en Manizales.
El documento está fechado en Bogotá el 23 de junio de 1958 y dirigido a los “señores miembros de la Comisión Investigadora de la Violencia”. Lo suscriben Horacio Gómez Aristizábal, Humberto Cuartas Giraldo, Alberto Bermúdez y Bedmar Vásquez Henao, en nombre del Comité Ejecutivo Pro Departamento del Quindío. Su tono es respetuoso, incluso calculado. Desde el comienzo se alinean con el lenguaje conciliador del momento: “La recia intención del actual gobierno de realizar exhaustivamente una labor de paz y salud nacionales, nos ha decidido a presentar a la ilustrada consideración de ustedes la solución al tremendo flagelo de la violencia en el Quindío”.
Los firmantes no desconocen la acción estatal. Admiten que la Junta Militar había actuado al instaurar un régimen excepcional en el Quindío y lo expresan sin ambigüedades: “el Gobierno de la Honorable Junta Militar, ha proveído, con esa oportunidad y buena fe que caracterizan sus actos de Estado, a la liquidación de esta primera fase de la perturbación, mediante la creación de la Jefatura Civil y Militar y la organización de los Consejos de Guerra”. La frase resulta reveladora: respaldan la medida excepcional, pero dejan claro que no es suficiente.
La carta no se limita a lamentar; ordena y clasifica. En la “Hoya del Quindío”, afirman, se han manifestado “cuatro clases de virulencia social”: “la ejecutada por bandoleros”, “la de cuadrillas de trabajadores”, “la económica o remunerada” y “la de origen político”. Hay en esa tipología una lectura sorprendentemente lúcida: comprenden que no todo es sectarismo partidista, que también operan el lucro, la migración estacional, la impunidad y las redes locales de poder. En uno de los pasajes más fuertes describen a una sociedad que ha “agotado en el espectáculo de la violencia el mínimo de sensibilidad moral y el límite de solidaridad social que nos capacita para vivir en la comunidad”.
Pero el centro del documento está en su propuesta. Tras examinar cada modalidad de violencia, concluyen sin rodeos: “Nosotros proponemos como solución a esos cuatro tipos de violencia, la creación del Departamento del Quindío”. Y lo reafirman en tono casi clínico: “como corolario lógico de este análisis, la creación del Departamento del Quindío sería la terapéutica más adecuada y técnica a la situación de violencia en que vive la más rica región colombiana”.
Leída hoy, aquella carta adquiere un valor singular. En medio del régimen excepcional de la Jefatura Civil y Militar, un grupo de notables quindianos entendió que la paz no vendría únicamente de consejos de guerra ni de operativos militares. Apostaron a que la reorganización territorial podía ser parte de la solución. Ocho años después, en 1966, el departamento del Quindío sería una realidad. Aquella misiva demuestra que la autonomía no fue improvisación: fue, desde temprano, una respuesta política pensada frente a la violencia y al centralismo que marcaron la historia regional.
- Temas relacionados :