Cargado de polémicas y trascendentales noticias terminó el 2025 y comenzó este 2026, con fuerte incidencia en la actividad política, económica y social de nuestro país en un año que centrará la atención de la población en dos grandes eventos: Las elecciones para Congreso y Presidencia de la República y el mundial de fútbol con participación de nuestra selección.
No obstante sabemos que estos 7 meses que le restan a Petro, serán cruciales y determinantes para que la institucionalidad de control actúe frente a sus acomodadas decisiones y conveniencias políticas y ahora frente a la situación que vive la región con el caso de Venezuela con emergencias no ajustadas a la ley.
Como ha sido común denominador en estos 41 meses de gobierno, mediante tal estrategia ha buscado soluciones a problemas generados con los errores administrativos que le han sido advertidos previamente pero que en su terquedad, prepotencia y ánimo de imponer su voluntad, se ha negado a atender. Ahora anda en una desesperante búsqueda de dineros a diestra y siniestra al costo que sea para cubrir el desajuste generado por el desbordado gasto público producto de la altísima burocracia.
Sin precedentes el déficit fiscal estimado en 7,1 % del PIB. Presupuesto para este año con déficit de $16,3 billones que además requeriría de un ajuste adicional de $45,4 billones según el Comité autónomo de la regla fiscal para cumplir con la meta fiscal. Y ante la negativa de nueva reforma tributaria, aprovechando la vacancia judicial que impidiera a la Corte Constitucional determinar su viabilidad, optó por decretar una polémica emergencia económica que la mayoría de los juristas han calificado de ilegal e inconveniente y por tanto dejaría sin piso los impuestos decretados a su amparo en caso de que la autoridad lo determine, como se espera ocurra en el menor tiempo posible.
De la misma Corte se espera también decisión en torno a demanda presentada en contra del exagerado incremento del salario mínimo en el 23,7% por no considerar tal decisión presidencial variables como inflación causada y esperada, índices de productividad laboral y sectorial, participación del trabajo frente al capital, evolución de la desigualdad, capacidad de pago de las empresas, sectores intensivos de mano de obra, impacto en informalidad y empleo, crecimiento económico, costo de vida, poder adquisitivo real del salario mínimo. La decisión individual y populista de Petro genera graves efectos sobre precios de la canasta familiar y otros conceptos indexados al salario mínimo. Los congresistas y Magistrados serán por ahora los grandes beneficiados.
Para los pensionados con mesadas levemente por encima de un smlmv el efecto nocivo será grande por cuanto solo les subirá alrededor del 5% y esa diferencia del 19%, continuará deteriorando su economía personal. A propósito de pensiones, preocupante la intención del gobierno de exigir a sus Administradoras repatriar los dineros invertidos en el exterior, en detrimento de los intereses de quienes son sus dueños legítimos como son los trabajadores, lo que debe ponerlos en alerta para impedir tal despropósito.
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