Calamar clama

Ubicado a 80 kilómetros al sur de la capital departamental, San José, en relativa cercanía al Parque Nacional Natural, Serranía de Chiribiquete, rivera del río Unilla, economía basada en narcocultivos, minería ilegal, agricultura lícita y ganadería, Calamar, Guaviare, acoge una comunidad, como todas pacífica, laboriosa, en lucha permanente por la subsistencia. Pero tal como ocurre en poblaciones de gran parte del país, distantes de la órbita capitalina, castigadas por la presencia de grupos armados ilegales, enfrentados entre sí por el control de narcocultivos, producción de cocaína, y narcotráfico a gran escala, la población se ve sometida al capricho de los violentos, quienes imponen a sangre y fuego sus propias leyes, suplantando la autoridad legítima del Estado.
Allí, en un paraje del vasto territorio, fue hallada la semana anterior una fosa común con ocho cadáveres, identificados como trabajadores, activistas religiosos, migrantes establecidos hacía más de dos años, finalmente considerados intrusos, infiltrados del enemigo, por la   facción subversiva al mando del lugar, y acribillados tras cavar su propia tumba.
La noticia, reducido al mínimo el impacto, pasó desapercibida al disputar despliegue con los tiras y aflojes, con los dimes y diretes de doña Laura Sarabia, y del falso pastor Saade, convertido de la noche a la mañana en el nuevo Rasputín del régimen, enfrascados ambos en la pugna por la influencia personal en Casa de Nariño y en la, al parecer, muy lucrativa confección de pasaportes.
Ocho muertes de compatriotas a manos de cualquier salvaje “Mordisco” o “Calarcá”, bajo pretextos inanes, ya no generan repudio ni alarma pública, ni generan acción contundente por parte de autoridades de ningún nivel. Colombia ha caído tan bajo, tan bajo, que ocho vidas humanas eliminadas por la barbarie, por la ostentación de codicia y poder, en un hecho de crueldad demencial, apenas suma al anecdotario de la claudicante Paz total de Petro. ¿Preocupa a alguien la confirmación de alarmantes cifras de hectáreas sembradas de coca, la participación creciente de Colombia en cifras absolutas y porcentuales, en el mercado global de clorhidrato de cocaína, cercana al 70%, o que seamos candidatos a la inminente descertificación del país en la lucha contra las drogas, con las consecuencias de todo orden que ello acarrearía?
A los estropicios, locuras y desastres del gobierno Petro, en breve lapso se adicionan cargas cada vez más difíciles de sobrellevar: peleas con los presidentes de Francia y Estados Unidos, nada menos que nuestro socio y aliado económico más importante, crisis al interior del gobierno, en cuya cancillería se sale de guatemala para caer en guatepeor, prolongada convalecencia e incierta recuperación del senador y candidato, Miguel Uribe; hoy, la improvisada convocatoria al bloque de países anti sionistas para una cumbre, nominalmente pro Gaza, en realidad contra el Estado de Israel; en medio de bloqueos viales en la vía Panamericana, incluyendo detonación de explosivos e incendios de vehículos…
El mal, respetados lectores, no concede treguas. Cada día se cuecen nuevas y mortíferas tramas en contra del país y de sus habitantes y ya carece de sentido formular un ¿hasta cuándo? Ni masacres ni atentados contra la fuerza pública; tampoco acciones u omisiones del presidente y su combo de incompetentes, lesivas al interés general, tienen límite en nivel de maldad; tampoco en el calendario. La incertidumbre, sentimiento perverso y por desgracia generalizado, incluye la supuesta fecha del 7 de agosto de 2026 como final de este negro capítulo de nuestra historia.