Antes que actuar como si la justicia lo estuviera persiguiendo en todo momento a él y su equipo, el presidente Petro debería dedicarse a gobernar y a respetar a los demás organismos de poder facilitándole su trabajo con responsabilidad prestándoles toda la colaboración como debiera, actuando siempre con rectitud y dentro de los lineamientos de la ley y la constitución, no como lo ha hecho hasta ahora asegurando que lo quieren atacar, perseguir y destruir tanto a él como a sus colaboradores y allegados.
Olvida Petro que en Derecho son las pruebas, las únicas que operan tanto para probar la culpabilidad como la inocencia por lo cual, no son los argumentos de presunta persecución política como los que suelen esgrimir quienes ejercen la función pública, los realmente efectivos para liberarse de tantos cargos en los que incurren, aprovechando el poder que han logrado, máxime cuando se ha llegado a la primera magistratura, donde el actual está procurando tantos privilegios empezando por su primera dama, a quien le ha querido otorgar funciones públicas que por ley no tiene.
Cuando se posesionó juró ante Dios y la Patria defender, acatar y respetar la constitución y las leyes de la República, advirtiéndole quien le recibió tal juramento “si así lo hiciere Dios y la Patria se lo premien, si no que Él y Ella se lo demanden”. Esto parece olvidarlo con sus actitudes, defendiéndose y contra atacando la justicia cuando se le requiere, no acatando sus disposiciones, evadiendo y tratando de justificar las actuaciones propias y de sus más cercanos personajes, como si los culpables fueran los fiscales, los jueces, las autoridades de control encargadas de investigarlos y determinar si sus decisiones y actos están ajustados o no a las normas, leyes y decretos vigentes. Definitivamente el espectáculo que se observa en la actualidad es una verdadera y peligrosa inversión de índole normativo para nada conveniente a la institucionalidad y estabilidad del País.
Pero esa ha sido siempre la constante de Petro, no asumir su propia responsabilidad, así le corresponda hacerlo. Ahí está el caso de los juegos panamericanos, el de no acatar la decisión de la Procuraduría General de la Nación con la suspensión del canciller Álvaro Leyva por el caso del negocio de los pasaportes entre otros tantos.
El presidente ha hablado de convocar un gran acuerdo nacional, pero en las condiciones que propicia al interior del gobierno y de los diferentes organismos constitucionales de poder, es muy difícil o casi imposible que genere el grado de confiabilidad suficiente para lograrlo en el medio externo, con un equipo de gobierno sin la suficiente capacidad técnica conformado en su mayoría por sus amigos más cercanos y confidentes ideológicos, algunos incluso cuestionados por sus antecedentes, pero no los mejor formados, experimentados y conocedores de la función pública, administrativa, financiera, diplomática y política.
Es claro que estas controversias entre tan altas dignidades de poder son perjudiciales, pues dan la sensación de pretender desviar la atención en asuntos sobre los cuales está pendiente de tiempo atrás la opinión, hacia otros, así sean también importantes a manera de cortinas de humo.
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