Coherente con un Estado social de derecho, Colombia es reconocido por poseer una estable dinámica democrática; eso no está en discusión.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que la democracia no es únicamente la alternancia de los poderes legislativo y ejecutivo, determinada por la Constitución Política y las rutinarias elecciones, sino que además depende, en gran medida, de la solidez y responsabilidad de los partidos políticos a través de la representación y participación en los procesos electorales.
Por estos días estamos asistiendo a dos campañas simultáneas: al Congreso de la República, cuyas elecciones están previstas para el 8 de marzo de 2026, y a la primera vuelta a la presidencia y vicepresidencia del país, el 31 de mayo del próximo año. Y nuevamente se registra una perturbadora proliferación de partidos y organizaciones políticas, emanada de normativas que otorgan la codiciada libertad política. Lamentablemente, no se calcularon las consecuencias que la falta de controles eficaces podría traer, y se salió de control, pues el país llegó a tener, hace algunos años, 64 partidos, en su mayoría de “garaje”, que han sido utilizados para actividades politiqueras y para camuflar estructuras criminales.
Eso originó que, con las reformas políticas de 2003 y 2009, se depuraran hasta quedar únicamente 9 partidos. Sin embargo, se levantaron voces de congresistas, dirigentes políticos y juristas que denunciaban falta de equidad y garantías para algunos sectores de la población que quedaron excluidos de los procesos electorales. La presión, inicialmente de políticos y posteriormente de corruptos financiadores de campaña, provocó el regreso a una nueva masificación de partidos con personería jurídica, elevando a más de 30 las colectividades reconocidas por el Consejo Nacional Electoral. Existen, además, por lo menos otras 15 solicitudes en trámite, a la espera de respuesta del CNE.
Esa vorágine partidista ha dado paso a una voraz corrupción administrativa, a la creación de empresas electoreras distantes de los verdaderos partidos políticos. Son, en cambio, colectivos vacíos, carentes de principios, sin idearios políticos, con claros intereses personalistas, manejados casi siempre por personajes oscuros que mueven los hilos del poder político y administrativo desde la sombra, como fantasmas de la sociedad. Quienes se lucran no sólo con la contratación estatal, sino con el apoyo a aspirantes por recolección de firmas, la compra y venta de avales, aumentando los delitos electorales.
Sumado a estas maniobras politiqueras, es evidente la desconexión entre los ciudadanos y el voto responsable, pues al no existir candidaturas con ideologías claras aumenta la incertidumbre y la desconfianza de los votantes, que ven desesperanzados cómo las elecciones locales son generalmente manejadas por unos pocos privilegiados.
Se acaban de inscribir, a la Cámara de Representantes, 10 listas con 30 aspirantes para tres curules, y cinco candidatos quindianos al Senado. Ellos deben tener presente que la democracia colombiana depende, en gran medida, de las dinámicas proselitistas territoriales, por lo que el autoritarismo y el dominio de los varones electorales, que imponen la falta de disciplina partidista, reducen la representatividad efectiva de los partidos serios.
Esas prácticas perversas de manipulación y control electoral ocasionan un daño social incalculable. La responsabilidad es enorme.
- Temas relacionados :