El creciente deterioro del orden público que se registra en el país, según la Defensoría del Pueblo, abarcando regiones que venían disfrutando de mayor tranquilidad como la nuestra del Eje Cafetero, lo que ha sido desvirtuado por las autoridades regionales en el Quindío, más el asesinato de 9 militares en el Catatumbo y otros 10 heridos, puede ser consecuencia lógica del débil manejo que el actual gobierno le ha dado a este tema en relación con la intervención de la fuerza pública frente a los grupos ilegales, en su afán desesperado e ingenuo por buscar la denominada “paz total” a como dé lugar, en el menor tiempo posible y sin importar las funestas consecuencias que de allí se puedan derivar.
Los errores en que ha incurrido comenzando por supuestos y fallidos acuerdos bilaterales de cese al fuego, la tardía intervención para liberar integrantes de la fuerza pública secuestrados por comunidades indígenas influenciadas por integrantes de los grupos delincuenciales disfrazándolo como cerco humanitario, las órdenes de presidencia limitando la intervención de Ejército y Policía en asuntos de orden público en lo referente a bloqueos de vías y limitación de la movilidad de la población civil y del sistema logístico que provee el abastecimiento de la producción agrícola e industrial a diferentes regiones encareciendo de forma considerable sus costos y precios al consumidor final y en resumen ese alto grado de tolerancia y debilidad en la aplicación de las normas constitucionales que el ejecutivo tiene asignadas para defender la honra, vida y bienes de los ciudadanos de bien, están generando un ambiente de inseguridad, de desprotección, de indefensión dentro de nuestra población y de fortalecimiento de la ilegalidad. Las estrategias que desde los ministerios de Defensa y de Justicia se pretenden imponer, tolerando al máximo el vandalismo, buscando generar una retribución económica y ciertos incentivos a la delincuencia para que supuestamente dejen de delinquir, son evidencias de una inclinación de favorecimiento hacia ellos.
En buena parte tiene razón el Fiscal General Francisco Barbosa en sus observaciones referentes al orden público, cuando asegura que en el Cauca mandan las disidencias y que allí “no podemos entrar”, pues no se están atendiendo las graves situaciones que se presentan. Igual sobre los micos con que ha pretendido el gobierno impedir el juzgamiento de reconocidos delincuentes en la reforma a la justicia. Un sistema del cual subsisten tantas falencias graves y absurdas sobre las cuales en este espacio he insistido tanto, que favorecen más a los victimarios que a las víctimas, pues les otorga muchas más garantías para librarse de sus delitos cometidos, cuando cuentan con los recursos suficientes para pagar abogados defensores inescrupulosos, porque cuando no, reciben absurdas condenas así sus delitos no sean tan graves, tal como sucedió con caso viralizado de una mujer de nombre Sandra del Pilar condenada y encarcelada por no haber pagado un pollo que se comió con su familia en medio de grave situación de hambre. En definitiva, el gobierno del cambio parece serlo más para empeorar que para mejorar.
- Temas relacionados :