Es evidente que, todos los procesos electorales son dinamizadores de la democracia en nuestro país, porque le otorgan legitimidad y solidez al Estado, sin embargo, como resultado del caos administrativo, el debilitamiento exponencial de la institucionalidad, las torpes intervenciones a las EPS y los absurdos beneficios otorgados a las organizaciones criminales, entre otros desaciertos del gobierno de Gustavo Petro; las elecciones legislativas previstas para el 8 de marzo, no son simplemente unos comicios rutinarios para la renovación del congreso, como lo han insinuado algunos periodistas, observadores de los asuntos políticos y generadores de opinión.
Esta jornada democrática, es mucho más significativa que sus similares anteriores, porque trae adicional uno de los puntos más críticos para la democracia, y es, la realización simultánea de las consultas interpartidistas para, de ahí escoger los candidatos de esas colectividades a la presidencia de Colombia. La complejidad de ese ejercicio de elección previa, radica en que, por su trascendencia, los votantes lo pueden asociar con una “primera vuelta presidencial” lo que le da la capacidad de medir las fuerzas reales a los partidos y sus candidatos presidenciales, para la jornada del 31 de mayo. Es por eso que, los resultados de este domingo trazan un nuevo mapa político, el que influirá en cuál ha de ser el próximo huésped en casa de Nariño; también porque, el mandatario que asuma funciones presidenciales el 7 de agosto, cualquiera que sea, dependerá de la conformación de las bancadas mayoritarias, ya que estas, decidirán si se estructura una coalición gobiernista sólida de respaldo a proyectos y reformas tramitadas por el gobierno entrante, o si, por el contrario estará destinado a una constante oposición legislativa. En tal virtud, es importante tener presente el componente funcional y operativo del congreso en la parte política afín a los acuerdos “programáticos” que, curiosamente como está diseñado es relativamente simple: la cámara y senado definen el equilibrio de las fuerzas de los poderes ejecutivo y legislativo -eso no admite discusión- es evidente que, un congreso fragmentado con profundas divisiones, como ha sido la tendencia en la mayor parte de este cuatrienio, conduce inevitablemente a discrepancias y controversias políticas, burocráticas y afecta la asignación de recursos para los territorios; lo que es positivo para la intensidad y calidad argumentativa de los debates; pero claramente se corre el riesgo de que, el gobierno se vea presionado a ralentizar su gestión administrativa nacional y en la ejecución de obras en las regiones. Es ampliamente conocido que, el congreso ha sido criticado y con razón, por el ausentismo y la poca capacidad de deliberación, en especial en asuntos sensibles como las reformas presentadas por el gobierno de Gustavo Petro; tal vez por eso, durante la campaña, las discusiones se han centrado en la necesidad de renovación del congreso; los votantes están esperando figuras emergentes, que no tengan vínculos con estructuras clientelistas, que puedan garantizar independencia en su desempeño legislativo. Siendo coherentes, deben salir del juego político los que han hecho del congreso un ejercicio de lucro personal, pero con bajo impacto legislativo y social.
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