Dios quiera que, ante la irresponsabilidad y el abandono comprobado de sus deberes legales —no los ilegales— por parte de muchos congresistas, al menos hayan tomado conciencia del inmenso daño que han causado al dejar el manejo y control del país en manos de intereses ajenos.
Para evadir esa culpa o ineficiencia que los atormenta, hoy muchos se hacen los desentendidos, aunque en su interior no abandonan sus odios. Pretenden lavarse las manos, mostrarse como honorables y cumplidores de su cargo, mientras acusan y señalan, cuando han sido ellos mismos negligentes e incapaces como legisladores: omisos al evaluar o valorar las consecuencias fiscales, financieras, sociales y empresariales de sus actos sobre el país y sobre millones de colombianos.
Actúan para preservar sus propios intereses, sin la voluntad de escuchar a una población que sufre. Todo indica que la mayoría de congresistas no representan al pueblo que los eligió. Por el contrario, muchas de sus actuaciones revelan que fueron elegidos para proteger los favores de amigos, patrocinadores o familiares, y no los intereses del país.
A pesar del inmenso dolor y tristeza que hoy vive Colombia, marcado por el silencio cómplice de la mayoría de senadores y representantes a la Cámara, se ha generado un creciente inconformismo ciudadano. Un malestar que se expresa por múltiples medios, incluso al punto de vender su conciencia y su voto con la esperanza de algún día vivir mejor, si es que ellos —los congresistas— lo permiten. Porque más que legisladores al servicio del país, se han convertido en una especie de “dioses falsos e inmaculados”.
Fueron elegidos para proteger las instituciones, ejercer control eficiente y real, corregir y proyectar el rumbo de la nación. Sin embargo, han preferido quedarse inmóviles, sordos al clamor ciudadano, pero siempre prestos a bloquear o paralizar el país.
En una democracia que se dice limpia y transparente, duele ver la desilusión y el engaño al pueblo. Con pocas excepciones, no existen aún verdaderos líderes o congresistas capaces de representar a Colombia con dignidad, de ganarse el derecho y el honor de estar en el Coliseo de la Democracia. No hay quien defienda con orgullo la nación, nuestra Constitución, ni los valores éticos perdidos. Y sobre todo, no hay quien asuma con responsabilidad el servicio público, alejado de los intereses personales y políticos que hoy contaminan ese falso coliseo que engaña a millones de colombianos.
Hoy, ante ese Congreso lleno de intereses y reformas en el aire —más en la retórica que en las soluciones—, se les ha olvidado a los congresistas que Colombia es un Estado Social de Derecho. Esto implica no solo proteger el orden jurídico, sino también impulsar el bienestar y la justicia social.
Tal como lo señala el artículo primero de la Constitución, ese concepto fundamental del Estado Social de Derecho está prácticamente perdido. En vez de defender los derechos de la comunidad, se están protegiendo patrimonios privados —muchos de ellos, aunque lo nieguen, fruto de la corrupción—, una corrupción libre y sin control, con ejemplos que sobran.
¿Hasta cuándo así?
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