La ignorancia, a diario lo comprobamos, es osada. Deficiente asesoría, carencia de información, reacciones descocadas propias de su actuar público; cualquiera sea la explicación, resultan ofensivos, zafios, el enfoque y la actitud del presidente Trump respecto al narcotráfico de origen colombiano, a su participación en el mercado gringo, y a la asignación de responsabilidades en la cadena que inicia en el cultivo del arbusto de coca, y culmina en su letal producto envenenando consumidores locales, de Estados Unidos y del mundo.
La época del incipiente, pero ya entonces millonario comercio del alcaloide, importado de los países sureños, reexpedido mediante múltiples medios hacia el mercado global, a inicios de los años setenta, marcó un funesto hito en la historia de nuestro país. Pronto, la capacidad creativa de los colombianos sirvió al delito, logrando simplificar, luego masificar como un proceso industrial cualquiera, la refinación de la droga, obviando obstáculos logísticos; aparecieron luego a lo largo y ancho del país, los ‘vivos’ de siempre, ‘inversionistas’ sin reatos éticos ni temor a la justicia, patrocinadores de enormes cultivos que desde entonces proveen las ‘cocinas’ diseminadas en sectores marginados de nuestra geografía. La posterior toma de control de buena porción del negocio por parte de grupos armados ilegales, consolidó una compleja estructura delictiva, hipermillonaria en recursos e hiperdestructiva en salud y seguridad pública globales, liderada por la generación de ‘capos’ cuyas vidas y sangrientas ‘hazañas’ aún reditúan en el cine y la TV.
Nadie negaría el vínculo aún vigente entre cultivos ilegales, narcotráfico, grupos armados ilegales, delitos asociados como lavado de capitales y activos, contrabando, violencia rural y urbana, entre otros factores de trastorno social. Sucesivos gobiernos nacionales, por iniciativa propia o bajo presión internacional han combatido la narcodelincuencia, con resultados dispares. Cuando en 1999, Andrés Pastrana, en acuerdo con Bill Clinton, pusieron en marcha el Plan Colombia con los objetivos específicos de revitalizar económica y socialmente el país, terminar el llamado ‘conflicto armado’, y sostener en conjunto una estrategia antinarcótica, se dieron pasos firmes hacia soluciones efectivas. Durante los dos periodos de Álvaro Uribe se avanzó en fumigación de cultivos y represión del tráfico. No obstante, llegado un sátrapa al poder, instaurada la mesa de negociación de La Habana con el respaldo del presidente Obama, quien nombró enviado oficial al empresario Bernard Aronson, todos los logros se vinieron a pique. Los acuerdos, para desgracia del mundo, para oprobio del país, incluyeron en la práctica el desmonte del combate contra cultivos y tráfico; la suspensión indefinida de aspersión de glifosato. Todo ello con la tácita aceptación del gobierno americano, que hoy reclama a los cuatro vientos por el aumento de las áreas sembradas, por su horrendo resultante, incluida la presencia de fugitivos de su justicia en nuestro Congreso nacional, con la complacencia de la ‘justicia especial’ por ellos mismos aceptada. ¡A reclamarle a Obama!
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