Otro de los grandes retos que le corresponderá afrontar al nuevo gobierno nacional, con alta responsabilidad en los entes regionales, es el relacionado con el fuerte despilfarro de recursos públicos con los llamados elefantes blancos a lo largo y ancho del país, unido al tema corrupción. Un tema que ocasionalmente es tratado por los entes … Continuar leyendo
Otro de los grandes retos que le corresponderá afrontar al nuevo gobierno nacional, con alta responsabilidad en los entes regionales, es el relacionado con el fuerte despilfarro de recursos públicos con los llamados elefantes blancos a lo largo y ancho del país, unido al tema corrupción.
Un tema que ocasionalmente es tratado por los entes de control oficial, en particular la Contraloría General, pero sin que finalmente se adopten los mecanismos concretos para identificar, sancionar y buscar que buena parte de los dineros invertidos en tales obras abandonadas y en avanzado estado de deterioro, sean reintegrados al tesoro público por parte de los responsables. Es parte de la desidia de gobiernos pasados que solo se han interesado por buscar la solución a los graves problemas fiscales que año a año crecen y frente a los cuales solo se buscan soluciones facilistas planteando reformas tributarias para atosigar más a la población contribuyente. Recursos como estos, sumados a los dineros en poder de tanto político que se ha enriquecido ilícitamente con el producto de sus acciones corruptas, pues nunca se les investiga, como debiera ser, sobre la procedencia de sus fortunas. Ahí sí que hay harta tela de donde cortar para encontrar recursos que permitan bajar en buena parte el déficit fiscal.
El problema es que las personas poco se preocupan por enfrentar esta especie de papa caliente. Casos como el de las “marionetas” con el político caldense Mario Castaño, son numerosos a nivel nacional, pero, extrañamente, muchos de ellos van pasando al olvido de la opinión, se cierran con meros fallos de inhabilidad para ocupar cargos públicos que poca mella hacen en los afectados, pues con los dineros en su poder y el uso de testaferrato, cuentan ya con el suficiente patrimonio para darse la vida de lujo sin necesidad de molestarse con el desempeño de cargos que en última instancia más dolores de cabeza les han de generar. Es lo que cualquier observador desprevenido piensa, ¿o no?
Ojaláa, el gobierno Petro, antes que perseguir el patrimonio de personas de bien que los tengan debidamente legalizadoos y haber demostrado plenamente su líicita procedencia, incluyendo tierras y demás, el nuevo gobierno se preocupe por este tema de quienes de la noche a la mañana aparecen dándose una vida de lujos, solo por haber desempeñado unos cuantos años, cargos de representación popular.
Y no se deben olvidar entre los elefantes blancos, los bienes incautados por el Estado, dada su procedencia ilícita y que finalmente terminan al azar, pudriéndose a la intemperie, cuando deberían ser aprovechados en acciones productivas que a su vez generen otros recursos con destino al erario público. La legislación no debería ser obstáculo, sino más bien mecanismo catalizador para hacer posible, su debida conservación y buen aprovechamiento. En el Quindío, somos testigos del triste episodio de la Posada Alemana que fue cedido después de tantos años a la Gobernación del Quindío, sobre ella cual, aún, se anuncian proyectos medio ambientales, avistamiento de aves, turismo, entre otros que se esperan concretar pronto cuando le queda a la actual administración 17 meses de su periodo. Igualmente, en el Quindío, el caso del desmonte del teleférico (“teleféeretro”) de Buenavista, triste deterioro patrimonial y pérdida de recursos continuos en administración y vigilancia, sin que se defina su destino final.
Y en fecha reciente, la denuncia hecha en este diario por Néstor Ocampo Giraldo sobre un depósito de chatarra, maquinaria desechada de las obras del túnel de La Línea que se pudre a la intemperie desde hace años, generando además problemas ambientales, sobre lo cual Invías se ha limitado a decir que no es de su propiedad. La realidad es que es producto de un contrato con dineros públicos que debiera por tanto y por las razones anotadas, generar mejor reacción en busca de alguna solución buscando recuperar lo que se pueda con fines productivos. Este podría ser un buen motivo de “democratización”, inclusive con ciertos bienes de propiedad privada que en las ciudades se han convertido en verdaderos elefantes abandonados y en grave riesgo de inestabilidad, que bien deberían cumplir una función social o de beneficio ambiental. Tema para otro comentario más amplio.
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