La palabra aristocracia suele provocar alergia. Evoca privilegios heredados, élites cerradas y desigualdad. Sin embargo, en su sentido original —formulado por Aristóteles en Política— aristocracia no significaba el gobierno de los ricos ni de los nobles, sino el gobierno de los mejores: aquellos con virtud cívica, prudencia y capacidad para deliberar sobre el bien común.
Ese ideal no es hoy un modelo institucional viable, pero si deseable en su espíritu. Nuestra brújula es, y debe seguir siendo, la democracia. Defenderla no es opcional. Pero reconocerla como el mejor marco disponible no implica negar sus fragilidades. La democracia puede degradarse cuando el voto se convierte en ejercicio emocional, cuando la representación se reduce a consigna o alharaca y cuando el debate público es sustituido por el aplauso o la indignación que da likes.
Ahí es donde el problema deja de ser abstracto y se vuelve profundamente político.
Buena parte del Congreso que Colombia ha elegido en los últimos años —y aquí hay responsabilidades compartidas por todas las corrientes ideológicas— no responde al ideal mínimo de representación. En particular, las listas cerradas impulsadas por la izquierda en las pasadas elecciones facilitaron la llegada al Capitolio de influenciadores y activistas con escasa o nula formación legislativa, alta carga ideológica y una comprensión limitada del Estado como sistema. Esto no es un fenómeno exclusivo de un sector: hoy se replica, con otros discursos, en distintas orillas políticas.
El problema no es que existan causas. Sino, usar la curul como megáfono identitario y no como espacio de deliberación republicana; El problema surge cuando se legisla pensando solo en el propio grupo, en la propia militancia o en el propio territorio, y no en el país como un todo.
Conviene recordarlo: el Congreso no es una red social ni una tarima de movilización. Es una institución con funciones precisas y delicadas. El Congreso de la República legisla, reforma la Constitución, ejerce control político, cumple funciones judiciales, elige altos funcionarios del Estado y actúa como contrapeso del Ejecutivo. Cada curul mal ocupada debilita esas funciones y, con ellas, la democracia misma.
No se trata de desconfiar del Congreso por moda o indignación. Se trata de ser conscientes de cómo elegimos. Un Congreso fuerte no es el más ruidoso ni el más ideologizado, sino el que está compuesto por personas con capacidad técnica, criterio ético, oídos abiertos a la ciudadanía y disposición real al debate.
No se trata de exigir títulos académicos como salvoconducto, sino de rechazar la improvisación como método de gobierno.
Elegir bien a nuestros representantes es un acto de responsabilidad. El próximo 8 de marzo hay que salir a votar como si de una obligación se tratara. No marque su equis sin tener claridad en quién está depositando su confianza y a quién le debe lealtad ese candidato. ¡Hay que elegir a los mejores!
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