El estallido social de Colombia tiene causalidades en nuestro Estado inviable: la pobreza nos carcome, la justicia no opera, la dirigencia política y gremial es negligente y cruel, y la democracia, ilegítima, da paso a la realidad de una dictadura embozada. Y lo peor: no existe conciencia de la crisis nacional. Lo dicho parece el … Continuar leyendo
El estallido social de Colombia tiene causalidades en nuestro Estado inviable: la pobreza nos carcome, la justicia no opera, la dirigencia política y gremial es negligente y cruel, y la democracia, ilegítima, da paso a la realidad de una dictadura embozada. Y lo peor: no existe conciencia de la crisis nacional.
Lo dicho parece el tremendismo de un escritor aficionado, como lo soy. O la descripción de un apocalipsis que algunos, desde hace 200 años, niegan—el negacionismo de derechas— o soslayan solo porque no podemos mirar a los ojos la tragedia circundante.
La burbuja de la clase política solo es posible por su defensa irracional de privilegios. Estima que se debe parapetar detrás de la manipulación del Estado, de su aprovechamiento, y de la distorsión de la realidad, a través del lenguaje y del dominio de los medios de comunicación.
La cultura y el arte, su vivacidad, como la educación, su provisión de argumentos, son campos a destruir o al menos a ignorar desde el poder.
El ministerio de Cultura, por ejemplo, en el gobierno actual, con su entelequia de la economía naranja, ha sufrido el mayor embate desde su creación, por la escasez de presupuesto asignado y por su direccionamiento hacia realidades virtuales. Tratan de hacer del ministerio de Cultura un brazo más de las herramientas tecnológicas o de la insulsa creación en serie propia de la industria.
En el Quindío, a través del gobernador Roberto Jairo Jaramillo, el emprendimiento de turno de la clase política es la destrucción de la secretaría de Cultura del departamento, un logro del pasado decenio de la comunidad artística.
El gobernador, un joven y audaz político, minimiza la importancia de la cultura con sus decisiones. Se convierte, por sus acciones erradas, en enemigo público de un sector incapaz de defenderse.
Cuando se posesionó nombró a un gestor cultural, pero de inmediato le cortó el presupuesto y le desarticuló el personal de apoyo, para hacer de esa oficina una bodega de contratistas sin competencia en el campo artístico.
Luego, para tratar de deshacer su entuerto burocrático, designó a una prestigiosa actriz de teatro, pero le cercenó las alas con la asignación de burócratas sin conocimiento, excepto por la feliz reubicación de Arlés López. Una golondrina, en medio del desastre.
Ahora, sin sonrojo, acaba de nombrar a un abogado, de la reconocida familia Brito, sin antecedentes ni perfil de gestión en el liderazgo de la secretaría. Otra vez se equivoca, y se ensaña con una comunidad impotente y dividida.
Es impotente la comunidad cultural, por sus disputas internas, claro, pero en especial por su cobardía. ¿Para qué sirve, además de legitimar al adversario declarado, el Consejo Departamental de Cultura o los consejos de área? ¿No se avergüenzan los consejeros artísticos y ciudadanos, con excepciones, de su silencio cómplice en la devastación de esa oficina?
Ser sumisos es parte de nuestra identidad, pero ya llegamos al límite de la indignidad. El señor gobernador se reitera como enemigo de la cultura. ¿Qué haremos?
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