Continúo sin entender las posiciones contradictorias del que se autodenominó como gobierno del cambio o gobierno de la vida, frente a los anuncios que siguen promulgando el presidente Petro y sus inmediatos colaboradores.
En primer lugar, es cada vez más evidente su relación con los integrantes de la llamada Primera Línea liderada por reconocidos vándalos que en las manifestaciones previas a la jornada electoral que terminó con su elección presidencial, lanzaban rumores desde su clandestinidad que volverían a encender el país, si el ganador no era él. Ahora el propio Petro envía un mensaje contundente a la opinión pública que antes de la Navidad dejará en libertad a todos los participantes en tales manifestaciones que se encuentran detenidos, aparte de promover reformas a la justicia para que los actos de vandalismo no sean considerados delitos, es decir, legalizar la impunidad de los violentos.
En el caso de la Primera Línea, ni siquiera menciona las razones por las cuales se encuentran enfrentando la justicia y prácticamente justifica con ello, los presuntos delitos cometidos incluyendo casos de tortura, secuestro, daños a los bienes públicos, bajo un sistema judicial como el nuestro que ofrece tantas garantías a quienes les son presentados por las fuerzas del orden. Sabiendo que es tan alto el porcentaje de quienes quedan libres, sobre los que son enviados a la cárcel, se debiera concluir que esos más de doscientos individuos en contra de quienes los jueces ordenaron prisión en sitio carcelario por actos de vandalismo y terrorismo, igual contaron también con las garantías suficientes hallándose con las pruebas expuestas por los fiscales, el mérito suficiente para su prisión intramural.
No es razonable entonces, que el ejecutivo ahora, amparado en una ley de paz total aprobada por el Congreso, interfiera en los terrenos del poder judicial y menos que personas en estado sub judice, entren a gozar de los beneficios incluso remunerativos y casi de funcionarios públicos, designándolos “gestores de paz”. Uno se pregunta qué clase de paz pueden ofrecer a la sociedad unos sujetos que, infiltrándose en un derecho constitucional a la protesta pacífica de muchas otras personas de bien, sabotean sus movimientos bien intencionados, legítimos y justos, armando el caos y el desorden, destruyendo lo que es de todos, quemando vehículos de servicio público, en resumen incendiando el país.
Ahora sus ministros de Justicia y del Interior, salen a declarar que los tales individuos no quedan liberados de los procesos y de los cargos que se les imputan pues deberán continuar respondiéndole a la justicia. Hasta donde este servidor conoce, ningún ciudadano puede ser contratado por el Estado, mientras tenga asuntos pendientes con la justicia. ¿O me equivoco? Y no creo que alguien le vaya prestar servicios al gobierno, en el caso de un gestor de paz, de manera voluntaria y gratuita. A no ser que se ingenien alguna figura acomodada o disfrazada para hacerlo. Esto da la sensación más bien de un compromiso político y clientelista de campaña con esos individuos, evidencias de corrupción que tanto ha criticado el mandatario y que ahora pretende cumplir a como dé lugar.
Preocupantes estos hechos que unidos a temas como el anuncio de RCN de poner término a la emisión de “La hora de la verdad”, espacio crítico conducido por Fernando Londoño Hoyos, personaje de reconocido carácter e independencia y la “sugerencia” transmitida por la Casa de Nariño al gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros para que se apartara del cargo, son asuntos que dejan entrever interferencias nada convenientes para la democracia colombiana, que ahora sigue enfrentando serios peligros que a todos nos debieran alertar, pues bien sabemos el grave riesgo que sobre nuestra estabilidad económica dentro de los sectores productivo como gran generador de empleo, político, social e institucional representa.
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