Los recursos financieros de toda organización son limitados y en la medida que no sean manejados con la debida prudencia y sensatez, manifiestan sus efectos negativos en las diferentes áreas, obligando a sus directivos a introducir medidas restrictivas en el gasto y a replantear inversiones que en principio se habían propuesto para evitar que la … Continuar leyendo
Los recursos financieros de toda organización son limitados y en la medida que no sean manejados con la debida prudencia y sensatez, manifiestan sus efectos negativos en las diferentes áreas, obligando a sus directivos a introducir medidas restrictivas en el gasto y a replantear inversiones que en principio se habían propuesto para evitar que la situación empeore y llegue incluso a la quiebra.
Esto está sucediendo con la actual administración de nuestro País donde, después de una reforma tributaria para supuestamente cubrir faltantes presupuestales y atender los programas de gobierno, incrementar en el 61% el precio de la gasolina para hacer lo propio con el déficit del fondo de estabilización de precios de los combustibles, se dedicó luego a la ejecución desmedida y sin mayor control del gasto público, incluida la infaltable corrupción.
En principio, planteó la necesidad de un recorte de $20 billones, afectando a todos los Ministerios y unidades territoriales. Luego el Comité de regla fiscal advirtió que el recorte tendría que subir $31 billones más y esto lo confirma el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana al develar dudas sobre casi la mitad del recorte ($8,2 billones) que no es un recorte real del gasto, no corresponde a recursos programados para un pago al Fondo de estabilización de precios de los combustibles por concepto de subsidios, lo que equivale a pagar una deuda con otra deuda, que no es equivalente a gastar menos. Y para el año entrante, se prevé que habrá otro fuerte tijeretazo al presupuesto, por cuenta de este faltante que, por supuesto, tiene sus explicaciones en los escándalos que todo el país le ha conocido al actual gobierno.
De nuestros bolsillos continúan saliendo los dineros para cubrir el entuerto de un Ministerio de Igualdad que ya no debería estar funcionando porque su creación fue tumbada por la Corte Constitucional, entre otras, por un vicio insubsanable al no llevarse a cabo el análisis de impacto fiscal para su creación. Hoy esa dependencia que no está haciendo mayor cosa, aparte de sostener burocracia, pagar arriendos, servicios, viáticos y demás gastos, nos cuesta más de $900 mil millones anuales. Otro punto, la reactivación de la embajada de la FAO en Roma, que estaba cerrada porque no era necesaria para Colombia, pero si, para calmar al polémico político Armando Benedetti, luego de haberle armado tremendo escándalo a Petro por los $15 mil millones que le consiguió para su campaña. Esto le cuesta al País alrededor de $2.000 millones anuales.
Finalmente, ante la insuficiencia de espacio, menciono el entramado de corrupción con la Unidad Nacional para la Gestión de riesgo de desastres UNGRD, sobre la cual cada día aparecen nuevas y más espeluznantes sorpresas, todas desde luego con “santos inocentes” que dicen nada tuvieron que ver, pese a que eran los directos responsables de gestionar, influir, ordenar, aprobar según sus posiciones, jerarquía, autoridad, funciones, atribuciones para hacerlo. Los daños para el país están hechos, sus finanzas deterioradas. Ya Colombia no se considera un país atractivo para inversión, según EE. UU.
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