Estrategas de cabina. Lo ocurrido en El Plateado, Cauca, no es un episodio aislado, sino el reflejo de una realidad que lleva años gestándose a la sombra del abandono estatal y la expansión de las economías ilícitas. El secuestro de 57 militares, perpetrado por civiles instrumentalizados por las disidencias de las Farc, no fue un acto espontáneo, sino una maniobra calculada por estructuras criminales que delinquen en territorios donde el Estado ha sido, durante décadas, apenas una promesa.
El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, lo calificó como un secuestro extorsivo y una violación flagrante del Derecho Internacional Humanitario. Y no exagera. Lo que presenciamos fue una estrategia perversa: utilizar a la población civil como escudo humano para frenar las operaciones legítimas del Estado. El comandante encargado del Ejército, general Erik Rodríguez, fue claro al señalar que se trató de una acción coordinada por la estructura “Carlos Patiño”, al servicio de intereses ligados al narcotráfico. La comunidad, atrapada entre la intimidación armada y la precariedad, se convierte así en un engranaje más de un conflicto que muta, pero no cesa.
Pese a lo accidentado del terreno y a los riesgos de un ataque, el compromiso de las tropas fue firme. La liberación de los soldados sin un solo disparo evitó una tragedia mayor, pero también dejó una señal de alerta: en zonas como El Plateado, la presencia militar sin un respaldo institucional integral y sostenido corre el riesgo de ser percibida como una incursión temporal, más que como una garantía real de derechos.
No se trata solo de enviar más tropas, sino de consolidar la presencia del Estado, superando la lógica exclusivamente militar. Salud, educación, justicia, vías, empleo. Sin eso, cada operativo exitoso será seguido por un repliegue institucional y un nuevo avance del crimen.
Desde hace años, Colombia vive bajo el asedio de amenazas complejas y cambiantes. En medio de esa incertidumbre, son nuestras Fuerzas Militares quienes, sin descanso, han respondido con un compromiso ejemplar que, no pocas veces, ha costado la vida de soldados en cumplimiento del deber. Por eso, aun reconociendo la importancia de los medios de comunicación, desconciertan las afirmaciones de algunos analistas y periodistas que, desde la comodidad de una cabina o un escritorio, opinan sin un conocimiento real del territorio, de las amenazas que allí se enfrentan y, sobre todo, del miedo, el silencio forzado y la presión de los fusiles sobre los pobladores. Analizar el conflicto armado sin atender a esa complejidad es, sin duda, la forma más cómoda de la irresponsabilidad.
Seguridad insegura. El VIII Congreso Internacional de Seguridad, organizado por Confevip en el Quindío, dejó un mensaje claro: la seguridad en Colombia requiere un esfuerzo conjunto entre el sector público y el privado. La integración de capacidades, recursos y tecnologías es clave para construir entornos verdaderamente seguros y sostenibles.
Sin embargo, mientras esa articulación toma forma, vale la pena detenernos a pensar en quienes ya velan por nuestra seguridad en el día a día: los guardas que prestan su servicio en conjuntos residenciales, edificios públicos, centros comerciales y otros espacios, muchas veces en condiciones precarias. Surge entonces una pregunta incómoda, pero necesaria: ¿cómo puede desempeñar con eficacia su labor un guarda de seguridad cuando, todos los días, debe enfrentar problemas que no son de su competencia, pero que lo afectan directamente? Humedades, infraestructura deteriorada, espacios mal acondicionados o, simplemente, inexistentes… Son situaciones que, lejos de ser detalles menores, vulneran su dignidad, ponen en riesgo su integridad —así como la de los copropietarios y la de los equipos bajo su responsabilidad—, además de afectar su capacidad de respuesta. Pensar en seguridad también exige pensar en la dignidad de quienes la garantizan.
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