Se ha abierto un debate por la idea de pasar el programa de estímulos, y algunos recursos del Ministerio, a las Secretarías o agencias culturales de los departamentos. Si bien muchos creemos que vivimos en un régimen centralista, muchas palabras, y sospechas, se tendrían que tejer sobre esa iniciativa. En primera instancia, que el Ministerio … Continuar leyendo
Se ha abierto un debate por la idea de pasar el programa de estímulos, y algunos recursos del Ministerio, a las Secretarías o agencias culturales de los departamentos. Si bien muchos creemos que vivimos en un régimen centralista, muchas palabras, y sospechas, se tendrían que tejer sobre esa iniciativa.
En primera instancia, que el Ministerio de Cultura, con el paso del tiempo, ha afinado su arquitectura institucional, y que ha creado los concursos públicos, y sus medidas de control desde las universidades, que mantienen un sector casi que vacunado contra la corrupción que existe en otros ministerios.
Es más, cuando el Ministerio vislumbró que los Fondos Mixtos de Cultura perdían su norte de transparencia, de inmediato, los desincentivó en parte del país, y coadyuvó el fortalecimiento de aquellos que demostraron su sanidad ética.
La otra cara de esa moneda está en que en los departamentos pocos avances ha habido en ese diseño institucional, ya que se observan agencias estatales sin mayor progreso en adopción de políticas culturales específicas, con ejecuciones politizadas y con fragilidad jurídica.
En el departamento del Quindío, por ejemplo, la Secretaría de Cultura ha incrementado poco su capacidad instalada y sus presupuestos son escasos para invertir en todo el territorio. La zona rural del Quindío, para solo citar un caso territorial, no recibe los beneficios de la formación o de la programación de eventos culturales.
La verdad es que la gestión cultural, en esta región, se convirtió en un asunto indigesto, y lo explico.
Los presupuestos para cultura poco incremento tienen, y las oficinas encargadas dedican muchos recursos para funcionamiento, y para atender una presunta seguridad jurídica, que se ha convertido en la emboscada perfecta para los recursos. Contratan muchos abogados por esos rubros culturales, que terminan estableciendo una especie de patria boba, donde los trámites burocráticos alimentan una casta jurídica y administrativa casi sin fin.
Buena parte de los recursos de cultura, en los municipios, se invierten en cultura populachera, que es muy distinta a la cultura popular, relacionada con la tradición, con los oficios o con las artesanías. Cantantes populares de despecho se llevan en sus alforjas buena parte del tesoro cultural. Las fiestas populacheras, y los reinados barriales o municipales, terminan colonizando los recursos y los esfuerzos de los funcionarios de esas oficinas. ¿Hasta cuándo patrocinaremos reinados de belleza con recursos públicos?
Los gestores culturales y los artistas, en la periferia, no tienen seguridad social y poco respeto existe para su labor, que es vista como una actividad marginal, hecha desde organizaciones sin fuerza, sin sede, casi todas, y con una precariedad que nos abruma. Lo sé, porque he actuado en el sector y veo, a los nuevos gestores, ya desencantados con tanta indiferencia de la sociedad frente a su labor. Excepciones, sí, pocas y valiosas.
De los cuatro años de un gobierno, dos casi se pierden en la maraña de las reglamentaciones del plan de desarrollo y de las garantías electorales.
El sector cultural requiere, en las regiones, la unión de sus lideres, artistas y gestores, como uno solo, para propender una dignidad que no existe ahora.
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