A trompicones, como es la vida misma, terminé la novela El crimen del siglo, de Miguel Torres. Disfruté sus páginas y las calles relatadas de la Bogotá de mitad de siglo. Acabé su lectura justo cuando, como en una desbandada, los partidos tradicionales de Colombia, sin vergüenza alguna, se abalanzaron a los brazos del nuevo … Continuar leyendo
A trompicones, como es la vida misma, terminé la novela El crimen del siglo, de Miguel Torres. Disfruté sus páginas y las calles relatadas de la Bogotá de mitad de siglo. Acabé su lectura justo cuando, como en una desbandada, los partidos tradicionales de Colombia, sin vergüenza alguna, se abalanzaron a los brazos del nuevo gobierno. Sin ruborizarse, pasaron de la calumnia diaria contra el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, a aceptar su programa de gobierno. Tanta belleza acumulada, gratuita, no es cierta.
Ambas experiencias, el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, por Juan Roa Sierra, después de un minucioso seguimiento por Bogotá, y la llegada repentina y casi desesperada de los partidos y movimientos tradicionales se me parecen, toda vez que en el fondo subyace la misma causa y el mismo objetivo: detener el cambio y ahogar, por anegación en el segundo caso, la transformación social propuesta por los ganadores.
La muerte violenta de Jorge Eliécer Gaitán es una cuenta más, pedregosa, en el rosario de traiciones a la Colombia profunda, de minorías, al país que era invisible antes de la Constitución de 1991.
Juan Roa Sierra, antiguo militante del gaitanismo, desquiciado por los términos de su pobreza económica, por su desarraigo, se convierte en un arma letal de los terratenientes, representados en un ala dura del partido conservador, que tenía en la policía de la época una legión a su servicio.
La desaparición de Gaitán de la escena política era un acto más de la contrarreforma agraria que desolaba los campos, después del gobierno progresista de López Pumarejo.
En los gobiernos de Alberto Lleras Camargo y Carlos Lleras Restrepo, ambos humanistas, se intentó revivir la redistribución de tierras, pero siempre las élites detuvieron cualquier asomo de justicia con los campesinos, algunos expropiados por esa censura ocurrida en 1948.
Buena parte de los 700.000 colombianos muertos en la guerra civil —negada por la derecha y ejecutada por su brazo armado de ultraderecha— se origina en la contumacia de mantener los privilegios del statu quo sobre las tierras, como si aún estuviéramos en tiempos de la colonia.
Ahora, cincuenta años después del Pacto de Chicoral, impulsado por Misael Pastrana Borrero, de nuevo nos enfrentamos a un desafío planteado cada cierto tiempo, durante doscientos años: la reforma agraria. Ese pacto, y la ley 4 de 1973, es una alianza de élites que timó una ilusión de los campesinos. López Michelsen, en su gobierno del Mandato Claro, ofició la misa final con unas medidas distractoras.
A Petro, hoy, lo emboscan los políticos corruptos, enriquecidos por su robo continuado al erario y, algunos, en contubernio con bandas criminales.
El acuerdo nacional debe ser sobre un solo punto de la agenda: la paz grande. Después, con ese consenso mínimo, deben gobernar las ideas que vencieron en las urnas el pasado 19 de junio.
La esperanza de los campesinos y pequeños agricultores, en el curso de la vida republicana, es el renovado acicate para el actual gobierno.
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