No somos cabalmente conscientes los colombianos del nivel de degradación política, administrativa y judicial en la cual cayó y se consume cada día más el país. Hace años superamos el asombro, el estupor, respecto a sucesos lesivos a la integridad y dignidad nacionales; de a pocos vinimos normalizando la anormalidad, trastocando el delito en todas sus modalidades, la muerte, la destrucción, en factores integrados sin reparo al cotidiano devenir, y a sus tétricos oficiantes como gente del común, incluso se les otorgó brillo y relieve social, al punto de convertir a Pablo Escobar, a Tirofijo, Jojoyes y demás monstruos de maldad, en iconos “exportables”, en paradigmas, modelos a emular.
En ausencia de restricciones éticas, ante la laxitud e ineficacia en la aplicación de justicia, y pródigas amnistías, autores de atrocidades, de delitos de lesa humanidad, trocaron en los períodos de Santos, sobre todo en el actual, en cabeza de Gustavo Petro, antítesis de calidades personales, probidad y buen desempeño, para imborrable vergüenza de nuestra nacionalidad, a altos cargos de gobierno, miembros del Congreso o funcionarios públicos de todo rango. Nada menos que el lumpen intelectual en el poder, presidido por un evasor de la justicia, alucinado permanente, drogo y beodo contumaz. Nuestra capacidad de reacción colectiva frente a hechos que vienen horadando, demoliendo, los fundamentos éticos, de apego a leyes y normas, de respeto y acatamiento hacia autoridades legítimas e instituciones republicanas, es tan débil como extemporáneo.
Insistir en la corrupción como sello indeleble de la izquierda transcontinental, es lluvia sobre un lodazal. Si algo distingue a regímenes zurdos es la codicia desbordada en sus diversos niveles. En la Colombia del abismo Petro, sin embargo, puede hablarse de explosión, de crecimiento exponencial en términos de corrupción oficial. De las trapisondas conocidas (UNGRD, Ecopetrol, compra de aviones de guerra, entre otras) se concluye que de miles y miles de millones, las cifras han escalado a billones, birlados a programas sociales, a inversiones de desarrollo e infraestructura. Corrupción a niveles siderales, con tendencia al desenfreno en época preelectoral.
Pero si algo debe suscitar preocupación mayor y urgir acciones de la oposición, es lo expuesto a la luz en días recientes, respecto a la toma de control práctico e ideológico de nuestras fuerzas armadas y de seguridad, por parte de los reconocidos enemigos de la democracia. Era de suponer y de esperar una estrategia de la izquierda para penetrar de forma abierta, desembozada, las fuerzas armadas del Estado. Lo realmente inconcebible es la inacción del bando contrario, de los supuestos defensores del sistema. Aterra comprobar la efectiva “toma” del país desde la entraña del gobierno, desde instituciones como la Fiscalía y las altas cortes. La sensación generalizada es de impotencia frente a los desafueros de Petro y su banda. ¿Lo tienen claro los candidatos y sobre todo los votantes?
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