Hace pocos días, en el periódico El Quindiano, vimos una investigación sobre los contratos de la Corporación de Cultura de Armenia. Una indagación que mostró el favoritismo o el acceso privilegiado de algunas organizaciones y personas a los dineros públicos que administra esa entidad.
Al mismo tiempo, y mientras los días de confinamiento pasan, pudimos presenciar por televisión y en vivo la llegada de grupos de mariachis a los barrios y a las zonas residenciales, con el propósito de hacer sus espectáculos musicales y de recoger algunos fondos económicos.
El desespero de esas agrupaciones era real y latente. Y la reacción de la gente fue aún más directa y dice bien lo que sienten muchos en relación con el arte y la cultura: lanzaban sus monedas desde sus ventanas, sin respeto y consideración por los músicos. En esa imagen, de pobreza e irrespeto, está evidenciado un sentimiento de conmiseración e indignidad que aún no hemos podido derrotar.
¿En qué se conectan esas dos realidades para el sector de la cultura en el Quindío?
De una parte, la colección de contratos exhibida, y donde hay favoritismo para algunas organizaciones retrata una realidad, que en otras entidades territoriales es frecuente: a los contratos en cultura, como en cualquier actividad, muchas veces se llega por la acción clientelista de algunos gestores, articulados con los políticos tradicionales del Quindío.
Desde años atrás, quienes estamos en el sector de la cultura, sabemos bien que en Armenia la Corporación de Cultura, históricamente, es un nido de politiquería, y que sus directoras y directores han llegado allí en representación exclusiva de algún grupúsculo político de la capital.
El análisis de esos contratos muestra la misma realidad de una ciudad vencida hasta hoy por la corrupción. Sus presupuestos en cultura, como casi todos, alimenta la voracidad de una clase política que a la ética ciudadana la pone de rodillas y la avasalla.
No obstante, en esa lista de contratos quedan pendientes dos análisis primordiales, más allá de su legalidad: la debilidad del sector, que no tiene una institucionalidad jurídica representativa y que acude, desunida y balcanizada, a interactuar con una clase política que se aprovecha de esa precariedad.
Esos contratos muestran otras realidades: de una parte, el favoritismo, sí, pero también los escasos recursos que destina Armenia para la cultura, y su fragilidad institucional. De tiempo atrás, más allá de esos procesos contractuales, la ciudad requiere la creación de una secretaría de despacho que adelante procesos formativos serios, y que responda en el campo político por la gestión cultural.
La sociedad, como pasó con los grupos de mariachis, no puede pensar que los artistas y gestores se alimentan de las monedas que sobran en sus bolsillos. Y el sector cultural, a su vez, no puede coligarse con los politiqueros para asaltar el presupuesto público.
Los armenios, además de una ética irreductible, deben exigir respeto para sus artistas y gestores culturales.
- Temas relacionados :