Algo claro con la controversia del salario mínimo decretado por el gobierno para el presente año y con otras determinaciones bajo la influencia directa o indirecta del ejecutivo, es la vulnerabilidad de nuestra legislación vigente en las relaciones de esta rama de poder con la legislativa y jurisdiccional, por sus mecanismos utilizados para tratar de imponer sus ocurrencias mediante decretos y la cantidad de recursos jurídicos a su disposición.
Esta vulnerabilidad se evidencia en la forma como el presidente logra crear situaciones que de muchas formas se tornan totalmente irreversibles en unos casos y en otros difícilmente reversibles, lo que de alguna manera estimula la violación soslayada y maliciosa de la normatividad vigente, cuando tal determinación solo le representa la reversión de su decisión, luego de lograr en parte sus propósitos, generar caos institucional y presentarla como obstrucción a su gestión ante sus seguidores. De allí que el actual gobierno ha convertido estas actuaciones en estrategia política para tratar de imponer sus reformas, incluso por encima de la Constitución y convocar movilizaciones además de utilizarlas como mecanismo político para pretender justificar sus fracasos aduciendo que no lo han dejado gobernar y por tanto requiere de una Constitución que se ajuste a sus conveniencias, como ahora lo pregona quien pretende dejar como sucesor de sus desastres.
Ejemplos concretos: 1. Sobre el decreto del incremento al salario mínimo suspendido provisionalmente por el Consejo de Estado solicitando explicación sobre los argumentos del gobierno que sustentaron tal decisión ley, salieron beneficiados cerca de 2.5 millones de trabajadores que lo disfrutan, a quienes las grandes y medianas empresas optaron por sostener el ya causado ante las mayores complicaciones que les generaría a ellas y a sus colaboradores una posible reversa. El caso igual continuará generando serias dificultades para las micro y empresas informales que son cerca del 70%. 2. La Reforma pensional que entraba en vigencia el 1 de julio pasado y para el cual Colpensiones ha ajustado su estructura administrativa, física y logística a lo que allí se establece para atender alrededor de 18 millones de afiliados más sobre los 7 que ahora atiende. La pregunta es qué sucederá con tales ajustes si finalmente la reforma se cae. 3. Frente a la última emergencia económica suspendida cuando el Congreso le negó su reforma tributaria, aprovechando la vacancia judicial, pese a las reiteradas advertencias de inconsticionalidad y sobre lo cual aún no ha habido un pronunciamiento definitivo de la Corte, se fijaron impuestos que permitieron al gobierno recaudar aproximadamente $1.65 billones, que tendría que reintegrar a los contribuyentes. 4. En materia de salud, ha implementado parcialmente a su capricho reformas contempladas en la que el legislativo no le ha aprobado mediante las intervenciones decretadas por la Superintendencia del ramo, generándoles más problemas que soluciones al sistema, empezando por la Nueva EPS, cobrando vidas inocentes como el caso de Kevin Arley.
Con todo esto pareciera que sí hace falta una reforma, pero para impedir este tipo de extralimitaciones del ejecutivo.
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