Las falencias de la justicia

Hoy inicio esta colaboración semanal haciendo referencia a comentario que sobre mi columna del pasado domingo, relacionada con las intenciones del gobierno nacional, de otorgar mediante ley, facultades especiales al presidente Petro para otorgar indultos y amnistías a personas condenadas o procesadas por diferentes delitos, hizo en la página virtual de este diario, el señor Santiago García, para aclararle como lo hice el mismo día de publicación, que jamás he borrado, ni mucho menos bloqueado a ninguna persona por expresar opiniones que “no son afines a su sesgo ideológico pro finca del ubérrimo”.  Esto, ante todo, porque guardo profundo respeto por la diferencia y me parece que cuando se expresan las opiniones también con respeto, contribuyen a enriquecer los debates y por ende el criterio de quienes tienen a bien leer mis escritos, compartan o no mis puntos de visto sobre los diferentes temas que acá planteo. Segundo, no soy yo quien maneja la página virtual del diario, por lo cual no puedo hacer cambio ni bloqueo alguno en su edición, pero si lo pudiera hacer jamás borraría, ni bloquearía a nadie por no estar de acuerdo conmigo, pues, antes, por lo contrario, me agrada que quienes no estén de acuerdo, expresen sus ideas, haciendo aportes enriquecedores, si dan lugar a ello. En todo caso, agradezco siempre esos comentarios de acuerdo o en desacuerdo. 

Si quiero ampliar referente al mismo tema de hace 8 días, el caso de la protesta de los indígenas, reiterando como siempre lo he hecho que si bien lo hacen en un legítimo derecho ante lo que ellos rechazan como incumplimientos de parte del gobierno a acuerdos previos y a las quejas expuestas sobre las pésimas condiciones bajo las cuales se les mantiene en los albergues temporales, es razonable que se agote su paciencia, como se le puede agotar a cualquier ser humano en condiciones similares y que así lo manifiesten. No es justo entonces que el gobierno incurra en este tipo de falencias, como generalmente suele suceder cuando se trata de apagar incendios, sin que las soluciones finalmente se den. Pero tampoco es justo, que unos funcionarios de buena voluntad como los gestores de convivencia de la alcaldía y agentes de policía entre hombres y mujeres, que tienen el deber de trabajar por el orden ciudadano, la tranquilidad, la defensa de los bienes públicos y de particulares, paguen los platos rotos, haciéndolos víctimas de los desmanes y el ataque violento de las turbas, poniendo incluso en grave riesgo a sus bebés de brazos. Totalmente de acuerdo con las justas protestas, pero nunca con que dañen a quienes nada tienen que ver y que dañen lo que es de otros y para el servicio de todos. Por ello, ratifico mi desacuerdo total con que se pretenda justificar y considerar legítimo, como lo sigue pretendiendo el actual gobierno, el vandalismo dentro de las protestas, pues es bien claro que no es la intención de las personas de bien que lo buscan hacer de manera pacífica, sino de otros elementos delincuenciales infiltrados que solo buscan el caos y la destrucción. 

Y en el tema de la justicia es claro que, por su sola razón etimológica, debería aplicarse de forma total y absolutamente objetiva, sin distinción alguna de clase, raza, sexo, poder político o social, capacidad económica, influencias particulares. Estamos todos de acuerdo, que quien transgreda la ley, debe responder por sus actos sea quien sea. Lamentablemente, el sistema de aplicación otorga cualquier cantidad de mecanismos y estrategias a los abogados, jueces y demás entes relacionados para evadir a toda costa, tal responsabilidad y en la mayoría de los casos, más favorables a los victimarios que a las víctimas. Es la cruel realidad que afrontamos. Y cuando se habla de reforma a la justicia, jamás se afronta el tema de raíz como debiera ser para hacerla realmente justa, ágil, oportuna, sin tantas dilaciones y mecanismos de evasión como se dan hoy.