Inconcebible, inaceptable y contradictoria frente a lo que tanto ha invocado Petro sobre la defensa del trabajador, la masacre laboral en estos últimos días, previos a la finalización del plazo antes de entrada en vigencia de la ley de garantías este 31 de enero, sacando centenares de funcionarios con décadas de experiencia, algunos próximos a pensionarse, para reemplazarlos por personas inexpertas en los diferentes ministerios.
También natural que ocurra en este gobierno de izquierda, caracterizado por sus incoherencias y contradicciones, pretendiendo imponer la voluntad individual por encima del bienestar y de los intereses colectivos, sin permitir el diálogo y la concertación al momento de tomar las decisiones. De ahí que no haya encontrado el eco necesario culpando a la institucionalidad y a la Constitución vigente de su fracaso y por ende plantee la construcción de una nueva ajustada a sus propias aspiraciones como sigue insistiendo y por lo cual manifiesta seguir trabajando su candidato Cepeda para sucederlo en el cargo. Entre tanto, continuará gobernando bajo decreto, desconociendo la institucionalidad y agudizando la polarización del país con numerosas bodegas financiadas con los impuestos de todos. La generación descontrolada de burocracia oficial improductiva con sobre costos por $7 billones pasando de 12 a 19 con fines electoreros, sin consideración a las presuntas dificultades financieras invocadas para decretar una emergencia económica calificada de inconstitucional por los más experimentados juristas.
Sobre las encuestas de preferencia electoral para presidencia adelantadas hasta la fecha luego de que empezara a regir la nueva disposición oficial para su realización a partir de seis meses antes de la elección, coinciden en los dos candidatos de las extremas, derecha e izquierda, en los primeros lugares, aunque con apreciables diferencia en cuanto al margen arrojado por cada uno de ellos. Estas encuestas presentan un panorama que genera suspicacias y dudas en torno al grado de objetividad bajo las cuales se realizan, cuando son contratadas por firmas que tienen interés particular en personajes o instituciones comprometidos en la medición o con vínculos contractuales. Ejemplo, el Centro Nacional de Consultoría, cuestionada por Daniel Briceño al denunciar contratos por valor superior a $14 mil millones con la presidencia de la República que registra en su encuesta casi el doble a favor del candidato oficialista Cepeda, con relación a De la Espriella (28 % contra 15 %). Y en imagen favorable es la que mayor porcentaje de aceptación arroja a favor de Petro con casi el 50 %, mientras las demás realizadas no llegan al 40 %.
En resumen, una extrema izquierda que busca perpetrarse en las personas que conforman su exclusivo entorno de poder político y económico, para imponer una dictadura como ha acontecido con Venezuela, Cuba, Nicaragua, Corea del Norte entre otros, socavando la libertad de expresión, de prensa y de pensamiento, porque todo lo controla el gobierno. Un modelo que cada vez empobrece a la población ante la falta de atención a sus necesidades básicas que es lo que buscan para sostenerse en el poder mediante la entrega de migajas compensatorias.
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