Las otras reformas que faltan

A raíz de los proyectos de reformas que desde el año pasado han priorizado el gobierno y el legislativo en los temas de la salud, laboral y pensional, se ha minimizado el interés por dos que también deberían ocupar la debida atención por lo que representan para el país, la política y la justicia.

Sobre la primera siempre he insistido en la necesidad de que a los órganos legislativos lleguen personas con mayor preparación, formación, criterio, integridad, buenos antecedentes y que al momento de su postulación no tengan asuntos pendientes con la justicia, así no hayan sido resueltos debidamente. Es natural que quienes van a asumir tan importante papel para análisis y aprobación de las leyes que han de regir el país, cuenten con tal perfil. Con más razón lo debería exigir el gobierno a quienes vayan a ocupar cargos administrativos y técnicos en las instituciones del Estado, como ocurre en el sector privado, donde se aseguran que lleguen los más capacitados y eficientes. Una institución como el Estado, al que compete el manejo transparente de los recursos que a toda la población pertenecen y que se sostienen con los dineros que todos aportamos, debe contar con personas formadas, con hoja de vida impecable y no solo por quienes se han aliado políticamente con los elegidos. Aunque en un sistema democrático todos aspiren a ocupar esas posiciones, son demasiados los efectos negativos que le representan a la institucionalidad personas sin suficiente preparación. La realidad que hoy vive nuestro país, demuestra tales falencias y considerando que a muchos de ellos correspondería su aprobación, no lo van a hacer, pensando como siempre en sus intereses individuales sobre los intereses generales, así conlleven el perfeccionamiento y mejor funcionamiento del Estado.

Sobre la justicia, en buena parte ligada al factor político, muy escasas han sido las intenciones de quienes la proyectan y presentan para aprobación, tocar temas tan sensibles y urgentes como son el campo judicial, donde los jueces y los organismos de fiscalía y policía deben someterse a requerimientos de forma bajo la dudosa argumentación del respeto al debido proceso y a las garantías de los presuntos delincuentes, así sean capturados en flagrancia. Algo de lo cual se aprovechan abogados inescrupulosos por meros intereses económicos con sus defendidos cuando ellos cuentan con buena capacidad para cubrir los costosos honorarios. Defensores que acuden hasta una coma para tratar de sacarlos del lío, evadiendo la justicia así tengan seguridad de su culpabilidad. Un sistema judicial que ofrece más garantías a los delincuentes, que a las víctimas en las instancias encargadas del manejo de nuestra justicia. El vencimiento de términos, mecanismo que más utilizan tales defensores, puede ser el de mayor trascendía extractable de la reforma que presentará el gobierno al Congreso y que debería ser más estricto ampliando los tiempos, busca sancionar a los responsables directos de tal situación, pues es en realidad una práctica aberrante y detestable para las víctimas que esperan la aplicación de una justicia verdadera, pronta y eficaz.