Los gobernantes colombianos (presidente, gobernadores y alcaldes) y muchos funcionarios públicos, han gozado del permiso ciudadano para cometer actos contrarios a las buenas costumbres, a la moral y a la ley.
Así por ejemplo, cuando un funcionario comete peculado (apropiarse de recursos del Estado) eso es contrario a la ley; sin embargo el país inmediatamente comenta que “casi todos son así”, dando por sentado que casi todos lo hacen, que a los ciudadanos ya no les importa, y que eso no tendrá sanción o pena. Eso es verdad, casi no los castigan.
Un ejemplo contrario a las buenas costumbres y a la moral, es cuando “casi todos” los funcionarios públicos se emborrachan públicamente, pelean públicamente contra las autoridades, ofenden de palabra y obra a una persona o comunidad, y desde la Procuraduría no hay sanción.
Sin embargo, digamos en favor de los funcionarios que todas las personas tienen derecho a su vida privada, íntima, con la cual pueden hacer lo que les dé la gana, porque esa es una garantía constitucional, pero que tiene restricciones para los servidores públicos en Colombia, pues no les permite violar la ley, ni atentar contra la moral y las buenas costumbres. Si no fuera así, todos nos saludaríamos a puñetazos, a salivazos, con palmadas en las nalgas, tocándonos las partes íntimas, o bajándonos los pantalones en las iglesias. Hay quienes les parece “normal” que un presidente, en su ejercicio, utilice alucinógenos.
Pablo Escobar fue reconocido por narcotraficante y matón, pero nunca por drogadicto. Hoy, el exministro de Estado Álvaro Leyva, compañero permanente de Gustavo Petro en sus largos desplazamientos en avión y en el extranjero, relata que el presidente “tiene problemas de drogadicción”. Y aquí es donde termina la vida privada del presidente o de cualquier funcionario público, porque el presidente podría estar tomando decisiones con alteraciones de conciencia o mentales, provocadas por drogas alucinógenas. Ese derecho a la intimidad no lo tiene, porque de sus decisiones depende la vida de 50 millones de colombianos, y para una mejor administración de la sociedad, necesita “el sano juicio”. Para tener derecho a la plenitud de su vida íntima y drogarse las veces que le dé la gana, podría dejar de ser presidente.
Si lo que quieren decir es que “casi todos los funcionarios consumen”, que “a casi ninguno sancionan”; que en “casi todas las fiestas hay consumo”, díganlo; pero el hecho que eso hoy se vea normal, nosotros no tenemos que aceptarlo.
Resulta que ahora, prohibir a los funcionarios públicos el consumo de sustancias psicoactivas y estupefacientes, afecta la vida privada de estos; pobrecitos. Ese cuento es para bobos.
Punto y aparte: Dice la sección Quinta del Consejo de Estado, Sala Contencioso Administrativo segunda instancia, que el procedimiento para escoger al gerente general de E.P.Q., se adelantó sin infracciones, siendo elegido legalmente José Alejandro Guevara. Tercer golpe al gobernador Galvis; antes CRQ, y recientemente once alcaldes armaron un equipo para jugar en su contra en las próximas elecciones.
Dos puntos: 1). Acertó el gobernador nombrando Director Técnico de Proyecta, al ingeniero calarqueño Carlos Felipe Sabogal Ocampo, aunque su calificada hoja de vida da para mucho más.
2). Pónganle atención al rector Polanía, de Uniquindío. Su teoría de “área metropolitana” es necesaria y urgente para el mejor desarrollo del departamento.
Punto y coma: La diferencia entre el Papa Benedicto y el presidente “Bien-adicto” es una hoja de vida, no una hoja de coca.
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