Mientras tanto: “Cuando la maldad goza”.

Nuestra Constitución política ordena a los gobernadores, artículo 305 numeral 10, revisar los acuerdos de los concejos municipales y remitirlos al Tribunal competente, para que por motivos de ilegalidad o   inconstitucionalidad, el tribunal decida sobre su validez. Si cumplen los requisitos, el Tribunal aprobará y validará el proyecto, y si se incumplen, invalidará el proyecto. Aquí en el departamento, el encargado de estudiar y comunicar el resultado de esas revisiones es el Tribunal Administrativo del Quindío (TAQ). Sin embargo, la gobernación convoca ruedas de prensa para repetir lo que ya dijo el TAQ, asumiendo la gobernación actitudes burlonas contra los concejales y el alcalde de Armenia y aplaudiendo al Tribunal por negar los proyectos. El gobernador disfruta ridiculizando a los concejales y alcaldes y lo volvió oficio.    
Para mejorar la movilidad y agilidad en el transporte, Armenia necesita actualizar y modernizar los sistemas de información, cámaras y estaciones de video para castigar infracciones, y requiere una red vial moderna y rápida para que vehículos y personas transiten tranquila y ordenadamente. Interpretando la exposición jurídica del TAQ, el borrador de los acuerdos parece elaborado sin rigor profesional, desdeñando estudios, leyes y procedimientos, y con citas irregulares de las normas invocadas.

Un acuerdo del Concejo presentado ante el Tribunal Administrativo debe tener mucho rigor en el conocimiento, porque es un calificado, competente y exigente examinador. El proyecto de modernización de SETTA lo necesitan Armenia y el resto de municipios del Quindío y debe ser defendido con normas apropiadas.

El empréstito es una linda oportunidad para que Armenia crezca y se desarrolle, y le faltaron, al igual que al proyecto SETTA, estudios jurídicos, económicos, sociales y de marcos fiscales y los concejales también fallaron. La oposición siempre se opuso, pero tampoco quiso salvar esos proyectos. Faltó mucho compromiso a los asesores y las oficinas vinculadas a los proyectos dejaron solo al alcalde. La ciudad sigue deslucida, mientras que los organismos de control solamente ponen sus ojos en la figura del alcalde.

Sorprende la favorabilidad dada por la gobernación al proyecto del POT., donde los concejales aprobaron una modificación a un POT   vencido, argumento de aprobación que está demandado.

Ahora bien; ya que el gobernador Juan Miguel disfruta las ruedas de prensa, necesitamos que convoque muchas más para que cuente “todos los contratos aprobados por él mientras estuvo delegado en Proyecta”, y “cómo” fue que Pablo César Herrera hizo todas las trampas que le contó a la Corte Suprema de Justicia, según dispone el numeral 5 del artículo constitucional citado y que cuente las ventajas   de sus viajes para el departamento. Si hizo viajes de placer no tiene que contarlos, salvo si utilizó recursos públicos; que cuente por qué pidieron vincularlo a los procesos investigados por la Corte Suprema en Proyecta, y que cuente por qué ocultó la investigación contra Roberto por la catástrofe del PAE. Que cuente de ese “tamal” del Putumayo, en el que está severamente cuestionado el Fondo para las artes del Quindío, entidad cultural construyendo canchas atléticas.

Estaremos pendientes de esas ruedas de prensa y otros asuntos de su pésima administración.    
  
Punto seguido: Un lector sugiere al alcalde “terminar ocho vías inconclusas, antes de empezar el deprimido de Bomberos”.
  
Puntos suspensivos: Juan Javier Baena, hijo del quindiano Javier Baena, renunciará en el segundo trimestre de 2025 al Concejo de Bogotá, para ser candidato al Senado por Nuevo Liberalismo.
  
Punto y aparte: La Asamblea departamental aprobó al gobernador algunos proyectos que no se entienden para qué son. Imaginarios, parecen jugando monopolio.