La gobernación del Quindío produjo un documento oficial, mediante el cual el señor gobernador Juan Miguel Galvis, alude a un hecho delictivo, en el que Brayan Naranjo, exfuncionario del departamento nombrado por el gobernador, fue denunciado por funcionarios de la gobernación, por la comisión de la conducta tipificada en artículo 399 del código Penal como “peculado por apropiación oficial diferente”.
Se destaca que los hechos ocurrieron cuando el señor Naranjo, oficiaba como funcionario del despacho. El aludido sujeto tomó un bien del departamento, una camioneta Toyota con placas oficiales, para entregarla como medio de prenda, tratando de subsanar un préstamo económico personal que había contraído con un privado.
El gobernador actúo bien, porque a él se le encomendaron en su posesión y juramento, la guarda de los bienes y recursos públicos del departamento, que el gobernador sabe que no son de él, sino de toda la ciudadanía.
Sin embargo, el funcionario Naranjo fue retirado del despacho, no por el delito que se le investiga, sino porque llegada la campaña a la Cámara de Representantes, le fue dada la orden a Naranjo de acompañar al candidato del gobernador, e irse a recogerle votos para elegirlo, y se produjo su desplazamiento, con la esperanza que terminadas las elecciones, regresara al puesto que tenía, como se verá más adelante con otros que también sacaron “licencia” y están entregados a esa campaña. Hay documentos que dicen públicamente, que personas cercanas al gobernador, simpatizan con ese candidato, y se entiende que esa cercanía es el apoyo del gobernador.
Como ya se dieron cuenta, el gobernador no tiene tiempo para gobernar; las elecciones le quitan todo el tiempo, y algunos funcionarios como el citado Brayan aprovechando que no tiene jefe ni vigilancia, toma las cosas ajenas como propias, valiéndose del desespero del gobernador por tener representante de bolsillo. De ahí, la falta de vigilancia del gobernador sobre las actividades que se le encargaron cuando se posesionó.
Además de lo anterior, el señor alcalde de Salento, mediante información pública puesta a la vista general, destaca la cantidad de habitantes de ese municipio que no pagan impuestos, y uno de ellos es precisamente el candidato a la Cámara del gobernador Galvis Bedoya.
Bella la época en que los secretarios de despacho eran nombrados por sus perfiles académicos, por su seriedad en el manejo de sus vidas sociales, por su cercanía con la comunidad y por sus aquilatados principios morales, amén de que no eran borrachos ni sinvergüenzas ni jugadores declarados, y tampoco necesitaban comprar los cargos para un nombramiento.
Hoy, los que viven impresionando con la “renovación política” nos tienen un departamento sin futuro, sin obras de trascendencia regional o nacional, sin proyectos ni ideas de progreso, porque en su espíritu no tienen el deseo de gobernar, y más bien nos gobiernan secretarios con señaladas conductas penales y candidatos capaces de incumplir obligaciones ciudadanas.
Nos resta por saber que vendrá después de las denuncias. El castigo para Naranjo sería prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses, multa de trece punto treinta y tres (13.33) a setenta y cinco (75) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término.
Habremos de saber como termina este tema, y no sería raro escuchar la famosa frase que dicen las señoras en los almuerzos; “se acordará de mí que ahí no pasa nada”.
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